Polémica entre PSOE y PP ante el proyecto para legalizar el litoral de Marbella

El proyecto que impulsa el Gobierno central para legalizar parte del paseo marítimo de Marbella que los ejecutivos del GIL construyeron de forma irregular en la década de los noventa se ha convertido en el principal motivo de controversia entre PP y PSOE a meses de las elecciones locales.

El portavoz del PP local, Enrique Rodríguez, señaló ayer que el Gobierno central sigue, en su opinión, «empeñado en querer destruir el paseo marítimo» con la actuación que gestiona el Ministerio de Transición Ecológica.

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«Las palabras del subdelegado fueron claras y meridianas, el objetivo del Gobierno es demoler el paseo marítimo y esa es su intención por encima de todo», señaló Rodríguez en alusión a unas declaraciones que Javier Salas hizo el miércoles en Marbella sobre el proyecto.

El portavoz de la formación popular pidió al PSOE que «se deje de eufemismos», ya que, según Rodríguez, «restituir la legalidad es demoler» el paseo marítimo.

«Nos seguirán encontrando en frente si siguen con la intención de destruirlo. Con la alcaldesa a la cabeza, haremos todo lo que esté en nuestra mano y amparándonos en todos los mecanismos legales posibles para evitar este atropello a la ciudad», señaló.

Rodríguez indicó que destruir el paseo marítimo, como sostiene el PP local, es «algo inaudito» en España. «No se encuentran referentes de algo así en ninguna otra ciudad de España, pero pretenden hacerlo aquí. No lo vamos a permitir», apuntó.

«Es una instalación que lleva construida más de 30 años, durante los cuales el PSOE ha estado al frente de la Junta de Andalucía y el Gobierno en varias legislaturas y no hizo nada por restituir esa legalidad que ahora les es imperante», agregó.

En su intervención con motivo de la toma de posesión del nuevo comisario de Marbella, Salas señaló que el proyecto es «el menos lesivo posible para el paseo marítimo, prácticamente se respeta en su totalidad, pero sí que hay que hacer una serie de pequeños cambios en él».

Aseguró que la actuación «está muy incipiente por falta de colaboración del Ayuntamiento» y acusó a la alcaldesa de «enredar y engañar».

«Rogaría a la alcaldesa que se implicara en la restitución de dicha legalidad de un espacio que fue hecho de forma ilegal por el Ayuntamiento y ella no ha hecho nada por restituirlo», agregó el subdelegado del Gobierno, que señaló que Muñoz «no ha movido un dedo» para regularizar una infraestructura clave para la economía local.

El Tribunal Supremo sentenció en 1998 que parte del paseo marítimo se ejecutó de forma irregular y, además de imponerle una sanción económica, obligó al Ayuntamiento de Marbella a restituir la legalidad.

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