Gobierno y Ayuntamiento vuelven a confrontar a causa del frente litoral

Gobierno central y Ayuntamiento de Marbella volvieron ayer a enfrentarse a causa de actuaciones relacionadas con el paseo marítimo, una de las infraestructuras más importantes para la economía local, pero también más polémicas desde que, a inicios de los años 90, el GIL construyera de forma ilegal algunos tramos.

La confrontación entre ambas administraciones se produce también a semanas de las elecciones generales del 23 de julio.

Demarcación de Costas ha dado al Ayuntamiento un plazo de 30 días para que elimine una escollera que el Gobierno local construyó de forma urgente y sin contar con autorización en un tramo de la playa Casablanca tras los daños que causó un temporal durante la pasada primavera.

De no acatar el requerimiento, el Gobierno central ejecutará las actuaciones y pasará las costas el Ayuntamiento.

La alcaldesa en funciones , Ángeles Muñoz, aseguró que el Ayuntamiento mantendrá el rompeolas -de apenas 25 metros cuadrados de superficie- y que solicitará a la Delegación de Obras que elabore un informe técnico para trasladárselo a Costas.

Muñoz anunció también que el Ayuntamiento adoptará medidas legales para evitar unas actuaciones que se producirían en plena temporada alta.

«Más de un año después y justo dos días después de la elecciones municipales, en plena temporada alta, nos ha llegado el requerimiento», señaló la regidora en funciones.

«Se trata de una auténtica deslealtad y temeridad del Gobierno de Pedro Sánchez, que refleja siempre un rechazo constante a Marbella en lugar de defender los intereses de la ciudad y demostrar que le importa el municipio», agregó.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, aseguró que el requerimiento está relacionado con un procedimiento sancionador en firme con obligación de restitución del año pasado y que el Ayuntamiento no ha recurrido.

Para Costas, la mejor solución técnica para reparar el daño que el temporal causó en la playa Casablanca hubiera sido pilotar el muro del paseo marítimo en lugar de construir una escollera que ocupa más zona de playa y que el Ayuntamiento ejecutó sin autorización.

«Muñoz tiene que cumplir la normativa y no puede amparar actuaciones al margen de la ley con los recursos públicos como si siguiera en la época de GIL», señaló Salas.

Muñoz aseguró que la construcción de la escollera supuso que Costas abriera un expediente sancionador al Ayuntamiento por 4.000 euros. Finalmente, la multa se redujo a 1.300 euros y la abonó la empresa que construyó la escollera.