Vivienda

Perjudicados de comunidades de vecinos de la Costa del Sol fundan una asociación

Buscan evitar casos como el de la urbanización de Estepona cuyo presidente se ha puesto un sueldo de 103.000 euros al año

Algunos de los integrantes de Apercove, ayer, en Marbella.

Algunos de los integrantes de Apercove, ayer, en Marbella. / L. O.

Propietarios de la Costa del Sol descontentos con sus comunidades de vecinos se han unido en asociación para reclamar una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal ante, señalan, las «muchas lagunas» que presenta y que impiden dar respuesta a las actuales necesidades de las urbanizaciones.

La Asociación de Perjudicados en Comunidades de Vecinos (Apercove) está integrada por cerca de 60 personas que representan a unas 30 comunidades de vecinos, la mayor parte de ellas de la Costa del Sol; y de las provincias de Almería, Sevilla, Huesca y Madrid.

«Estamos cansados de ver cómo presidentes y administradores se hacen con el control de las urbanizaciones con total impunidad, al amparo de una ley obsoleta con la que no nos sentimos respaldados», señaló ayer la presidenta del colectivo, Elisa Álvarez.

«La Ley de Propiedad Horizontal presenta muchas lagunas y tiene que cambiar. Ha llegado un punto en el que los vecinos no tenemos ni voz ni voto en nuestras casas y estamos totalmente indefensos», agregó.

El colectivo puso el ejemplo del presidente de la zona residencial Torre Bermeja, en Estepona, que se ha asignado un sueldo de 103.000 euros al año; o el de Cabopino, en Marbella, que ha contratado un asistente personal tras una sugerencia de la administración.

«Llevan años atrincherados en el cargo. Presidentes y administradores se resisten a renunciar a los beneficios que les reporta estar al frente de las residenciales, en los que se manejan presupuestos importantes con controles mínimos y en las que plantear auditorías contables es prácticamente imposible», señaló la presidenta de Apercove.

Álvarez aseguró que la Justicia es «lenta y cara» para los vecinos que deciden elevar a los tribunales los presuntos abusos, mientras presidente y administrador cuentan con abogados que pagan las comunidades de vecinos.

«No vamos a dejar que nos roben en casa», agregó Álvarez.