El PSOE denuncia que el PP se interesa por el edificio de un fugado de Malaya

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, denunció ayer que el equipo de Gobierno, del PP, ha iniciado los trámites para que el Consistorio compre el edificio que alberga la sede de la Delegación de Urbanismo, vinculado, señaló la edil del PSOE, a una empresa integrada por el alcalde de Estepona, el también ‘popular’ José María García Urbano; el condenado en el caso ‘Malaya’ y prófugo de la Justicia, Juan Hoffman; y una empresa constructora.

Es la segunda vez en seis años que el Ayuntamiento de Marbella gestionado por un gobierno ‘popular’ intenta adquirir un inmueble ligado a un regidor del mismo de partido político

El Ejecutivo local aprobó en una Junta de Gobierno celebrada el pasado 30 de julio, en plena época veraniega, la propuesta de compra, que ahora se encuentra en fase de exposición pública y de presentación de alegaciones, señaló Pérez.

El equipo de Gobierno tiene previsto pagar 7,5 millones de euros en la operación, seis para comprarlo y 1,5, para acondicionarlo.

Según la edil, la intención del equipo de Gobierno es que el inmueble mantenga las dependencias de Urbanismo y albergue las de Industria y Vía Pública, ambas delegaciones dirigidas por el concejal José Eduardo Díaz.

Pérez, exdelegada de Urbanismo entre 2015 y 2017, aseguró que el inmueble se construyó de forma irregular en una parcela destinada a equipamientos públicos -en su momento, albergó la oficina de Correos-; no cumple con el criterio de interés general: y es «poco funcional» para albergar dependencias municipales.

«Ángeles Muñoz (la alcaldesa) quiere arreglarle un problema a un compañero de partido (García Urbano)», apuntó la edil del PSOE.

Preguntado al respecto, el Gobierno local declinó ofrecer su versión.

Adquisición fallida en 2018

La alcaldesa firmó en octubre de 2018 una providencia para solicitar tres millones de euros de fondos municipales para que el Ayuntamiento adquiriera a la sociedad Nuevos Aires 2002 S.L. las cuatro plantas que, al menos entonces, se encontraban libres de las siete de un inmueble que, por lo menos en esa época, carecía de licencia de ocupación. Las otras tres plantas albergan los servicios de Urbansimo.

Los fondos procedían de dinero municipal reservado para construir viviendas públicas.

El delegado de Hacienda que aprobó la providencia firmada por Muñoz fue Manuel Osorio, edil de OSP, partido que presentó la moción de censura con la que el PP recuperó la Alcaldía en 2017.

La entonces delegada de Urbanismo, la ‘popular’ María Francisca Caracuel, apuntó que el Ayuntamiento pretendía «expropiar; no comprar, negociar o conversar» con la sociedad propietaria del inmueble.

La operación, iniciada a un año de las elecciones locales de 2019, no prosperó.