Economía
Marbella: discrepancias sobre tributos frenan la adquisición del edificio de Urbanismo
El Ayuntamiento de Marbella y la propiedad del inmueble, relacionada con el alcalde de Estepona y un huido de Malaya, difieren sobre quién tiene que abonar los impuestos que se derivan de la polémica operación

Acceso principal del edificio que alberga la sede de Urbanismo. / l.o.
Discrepancias sobre el abono de tributos supramunicipales que se derivan del proceso de expropiación, por parte del Ayuntamiento de Marbella, de la totalidad del inmueble que alberga la Delegación de Urbanismo, propiedad de una empresa relacionada con el condenado en el caso Malaya y prófugo de la Justicia, Juan Hoffman; el alcalde de Estepona, José María García Urbano, y una empresa constructora, bloquean una de las operaciones más polémicas que ha emprendido el Consistorio en los últimos años.
La sociedad Nuevos Aires 2002 S.L ha aceptado el justiprecio de 5,1 millones de euros en los que el Ayuntamiento tasó la expropiación de tres plantas del inmueble, el ático, locales en la planta baja y aparcamientos subterráneos, pero desacuerdos sobre qué parte tiene que abonar los impuestos que se derivan de la operación, como el IVA, mantienen parada una adquisición que el Gobierno local quería haber resuelto antes de que terminara 2024.
Dudas
«Hay alguna duda sobre los impuestos que pueda generar esa operación. Es el punto clave y en ese impasse estamos», señala el portavoz municipal y delegado de Hacienda, Félix Romero.
Si ambas partes llegan a un acuerdo, la adquisición se culminará; de lo contrario, el Ayuntamiento y Nuevos Aires 2002 S.L se arriesgan a que la Justicia intervenga en la operación o a que la expropiación se suspenda.
Romero confía en que el proceso no se enmarañe y las partes lleguen a un pacto «en breve».
«Hay alguna duda sobre los impuestos que pueda generar esa operación. Es el punto clave y en ese impasse estamos»
El Gobierno local asegura que la operación, que ocultó hasta que la oposición la desveló, servirá para «ofrecer un mejor servicio público y aumentar la eficiencia en la gestión local».
«Permitirá incorporar nuevas áreas y prestaciones que, por su vinculación con las competencias de Urbanismo, aconsejan su prestación conjunta», añade el Ejecutivo local, que ya cuenta con tres plantas en el inmueble, que albergan la Delegación de Urbanismo.
Para el PSOE, la adquisición de la totalidad del inmueble busca «hacerle un favor a un compañero de partido porque ninguna otra rentabilidad se puede sacar del edificio, mientras el Ayuntamiento no para de pedir préstamos».
Un recurso judicial
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Málaga ha admitido a trámite un recurso interpuesto por el PSOE contra la expropiación después de que el Gobierno local desestimara sus alegaciones contra el expediente, según anunció la formación socialista a mediados de diciembre.
El edificio se construyó durante los años de gobierno del GIL en una parcela destinada a equipamiento público, por lo que sus propietarios tuvieron que regularizarlo con la cesión al Ayuntamiento de las tres plantas que albergan las oficinas de Urbanismo.
El Ayuntamiento trató de adquirir la totalidad del inmueble en 2018, pero la operación, impulsada a meses de las elecciones locales de 2019, se paró.
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