La Asociación Trans de Andalucía exige que el asesinato en San Pedro Alcántara sea reconocido como violencia machista

La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) ha exigido que la muerte de Franyel, una mujer trans venezolana de 35 años, a manos presuntamente de su pareja en San Pedro Alcántara, sea reconocida y tratada institucionalmente como un caso de violencia machista.

La organización sostiene, en un comunicado difundido este miércoles, que la víctima ha sufrido una “cadena de violencias” que no puede prolongarse después de su muerte y reclama que su situación registral no determine el tratamiento institucional del crimen.

La petición llega el mismo día en que la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido, un hombre de 58 años. Será investigado por un presunto delito de homicidio, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El procedimiento, sin embargo, será instruido por un órgano de instrucción y no por uno de violencia sobre la mujer. El TSJA ha explicado que Franyel todavía no había inscrito su identidad femenina en el Registro Civil, circunstancia que, según el tribunal, resulta determinante para fijar la competencia judicial en este caso.

Es precisamente este punto el que cuestiona ATA. Su presidenta, Mar Cambrollé, considera que la falta de adecuación de la documentación no puede utilizarse ahora para negar a Franyel su condición de mujer ni para excluir el crimen del ámbito de la violencia machista.

Cambrollé denuncia además lo que considera una situación de “violencia institucional” y responsabiliza al Gobierno de haber tardado más de tres años en desarrollar el procedimiento que permite a las personas trans extranjeras adaptar la mención de sexo y nombre en la documentación expedida en España.

La asociación recuerda que el artículo 50 de la Ley 4/2023, conocida como Ley Trans, contempla que las personas extranjeras que acrediten la imposibilidad de realizar la rectificación registral de sexo o nombre en su país de origen puedan solicitar esa modificación en los documentos expedidos en España. La propia norma establecía además el desarrollo de los procedimientos necesarios para hacerlo efectivo.

Según ATA, no fue hasta el pasado 13 de julio de 2026 cuando el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía establecieron el protocolo para hacer efectivo este derecho. Para la organización, resulta “especialmente grave” que esa discordancia documental pueda tener ahora consecuencias en la consideración institucional y judicial de la muerte de Franyel.

“Franyel era una mujer, vivía como una mujer y ha sido asesinada como una mujer”, ha defendido Cambrollé, que reclama que ninguna mujer trans migrante quede fuera de los mecanismos de protección frente a la violencia de género por una cuestión registral.

Prisión provisional para el detenido

Según la información trasladada por el TSJA, el detenido reconoció durante su comparecencia judicial que mantenía desde hacía unos tres meses una relación de pareja con la víctima y aseguró que siempre la había considerado una mujer. El hombre, que únicamente respondió a las preguntas de su abogado, sostuvo que la muerte se produjo durante una pelea física entre ambos. Franyel falleció como consecuencia de una puñalada en el tórax.

El crimen se produjo el domingo y el hombre fue detenido el lunes, después de confesar los hechos a la Policía. El juez de guardia se ha inhibido en favor de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella, que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos y continuará con la investigación judicial.

ATA se ha dirigido al Ministerio de Igualdad, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Ministerio de Justicia y las autoridades judiciales competentes para reclamar que Franyel sea reconocida institucionalmente como la mujer que era y que su muerte se aborde como violencia machista.

La asociación pide además que se establezcan criterios que impidan que otras mujeres trans migrantes puedan quedar fuera de la protección frente a la violencia de género únicamente por su situación registral.