La mayoría del estamento judicial rechaza la reforma de la Justicia que contempla crear los consejos autonómicos y los jueces de proximidad. El argumento es que esto daría lugar a la politización de la Justicia, y a la pérdida de independencia. Seguramente es verdad, pero sólo llovería sobre mojado: a partir de un determinado nivel y un grado de centralidad, la Justicia está ya politizada, como consecuencia del reparto de cuotas entre los grupos en que se organizan jueces y fiscales. No lo está aún, felizmente, en los niveles inferiores y medios de la estructura, donde miles de jueces y magistrados imparten justicia cada día. Ahí está residenciada, hoy por hoy, la independencia judicial, y no en la cúpula, o en buena parte de ella. La prioridad debería ser despolitizar esa cúpula, pues, en otro caso, lo que se descentralizará será la actual politización.
