La educación pública en España está en una situación lamentable de acuerdo con todos los informes públicos y privados, domésticos e internacionales disponibles. Al mismo tiempo, el derecho constitucional de los padres a elegir qué tipo de enseñanza desean para sus hijos no opera en la práctica. A través de la legislación y de la financiación, el modelo educativo español está controlado de facto por el Estado y la escuela libre, la realmente privada, apenas supone el 8% de la oferta total. La reforma planteada por el Ejecutivo socialista agudiza esa deriva estatista y uniformizadora cuando España necesita una verdadera revolución educativa basada en la competencia y en la libertad de elección.

¿Quiere esto decir que se intenta volver a lo que existía antes de la financiación pública de la enseñanza? La respuesta es negativa pero implica una redefinición del enfoque estatal del problema educativo. El papel del Estado debería consistir en subvencionar no a los centros docentes, sino a la educación. El Gobierno concedería a cada niño un bono cuyo valor sería igual al gasto medio escolar por alumno escolarizado. Cada escuela, tanto si es privada como si es pública, tendría autonomía financiera y debería cubrir el conjunto de sus gastos vendiendo sus servicios en el mercado. Las familias sufragarían el importe de la escolarización de sus hijos con bonos o cheques que les serían distribuidos por los poderes públicos y que siempre tendrían la posibilidad de completar, si así fuera su deseo, mediante una contribución adicional. Esos bonos escolares serían negociables en cualquier colegio.

Una reforma apoyada en la generalización del bono escolar garantizaría la libertad religiosa y eliminaría uno de los aspectos más conflictivos de las relaciones Iglesia-Estado. Las actuales disposiciones recortan la libertad religiosa de los padres, que se ven obligados a pagar con sus impuestos para que adoctrinen a sus hijos o a pagar todavía más si desean que ese adoctrinamiento no se produzca. Para impartir su mensaje, educar a los creyentes y ser libre en un Estado libre, la Iglesia debería apostar por la vía del cheque escolar en lugar de hacerlo por las subvenciones públicas directas a sus colegios.