Zapatero anunció el viernes el proyecto de la futura ley y consideró como causas principales de los incendios, además de la sequía y las altas temperaturas, el creciente abandono del mundo rural.

La consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, aplaudió ayer que una nueva Ley de Desarrollo Rural fomente la vida en el campo para prevenir los incendios forestales, y solicitó igualar los servicios de las zonas rurales con respecto a las urbanas.

Coves manifestó que la Ley que el Gobierno remitirá al Congreso el próximo curso político es un texto imprescindible si de verdad se quiere afrontar los incendios no sólo cuando se producen mayoritariamente, en la época estival. La consejera dijo que hay que dirigirse a la raíz del problema, "que es que el medio rural sufre un despoblamiento y un envejecimiento de la población".

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el viernes la ley de Desarrollo Rural y consideró que una de las principales causas de los incendios forestales registrados este verano es, además de la sequía y las altas temperaturas, el creciente abandono del mundo rural.

Este despoblamiento, según la consejera, ha traído como consecuencia que actividades que antes se hacían han dejado de llevarse a cabo, y el número de siniestros cada vez es mayor porque ya no hay gente que vigile el campo y que viva del campo.

Felicitó, por ello, al Gobierno por la iniciativa, ya que consideró que es la primera vez que se va a intentar atajar los incendios forestales "atendiendo al núcleo gordiano del problema".

No es novedosa. Mientras, desde la Comunidad Valenciana se aseguró que la nueva ley no es novedosa porque, señalaron a Efe fuentes del Gobierno valenciano, pretende implantar medidas que en la Comunidad Valenciana se vienen aplicando desde el año 1995. Añadieron que el Ejecutivo proporciona desde hace diez años incentivos para evitar la despoblación en las zonas agrarias más susceptibles de sufrir incendios y destina ayudas para el fomento del pastoreo controlado en áreas de cortafuegos.

En Canarias, el presidente de la COAG, Rafael Hernández, vio con buenos ojos la futura ley, aunque pidió que la iniciativa esté acompañada de un presupuesto que la haga eficaz. Otros gobiernos, como el de La Rioja, señalaron que no se manifestarán al respecto hasta que no conozcan el texto de la ley.