Un local sin nombre, cerrado a cal y canto y en el que el único cartel que se lee hoy es un insulto. Aquí estaba la sede de la supuesta organización, un entramado empresarial de unos 40 trabajadores que se sostenía gracias al dinero recaudado con campañas solidarias y con la venta de productos en comercios. Fue así como hace un año saltó la alarma y la Asociación de Padres de Niños Oncológicos denunció el caso ante la Fiscalía.
