Los hechos se remontan al año 1994, cuando los vecinos de la urbanización denunciaron la construcción, levantada en un suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio aprobado ese año como zona verde y, "tras un procedimiento judicial, la sentencia ha fijado su demolición".
"En el año 1994 se podían haber planteado las cosas de otra manera para haber regularizado la vivienda" durante la elaboración del documento, ha explicado Duarte, que ha destacado que, al no hacerse así, la Junta, "encomendada por el Ayuntamiento, ha iniciado la demolición".
Para el concejal, el derribo "proclama la legalidad urbanística" y muestra el riesgo al que se enfrenta cualquier persona "cuando hace obras sin contar con las licencias necesarias y mucho más cometiendo la mayor infracción, que es edificar la zona verde".
El propietario del inmueble, Manuel Carmona, no entiende el motivo por el cual su casa se considera ilegal y, sin embargo, no lo son las 70 viviendas próximas de la urbanización "La Rosaleda", que se desarrolló, según este ciudadano, sin proyecto de ejecución.
Carmona ha afirmado que fue el padre de un técnico del departamento de disciplina urbanística el que le denunció y ha asegurado que el propio denunciante reside en una "vivienda ilegal" mientras que el Consistorio no toma medidas en este caso.
En este sentido, el propietario del inmueble espera una compensación por el derribo, medida que, según Carmona, le fue comunicada hace diez días.
