El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Gabinete Jurídico de la Junta a interponer las correspondientes acciones judiciales para la personación de la Administración autonómica como acusación popular en el proceso penal abierto en el juzgado nº 1 de Estepona (Málaga), conocido como "Operación Astapa".
Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, la Junta considera que las prácticas municipales presuntamente ilícitas que se investigan en dicho proceso suponen una "afectación" de los intereses generales de la Comunidad Autónoma.
También estima que afectan a las competencias de la Administración autonómica en distintos ámbitos, como los relativos al régimen de acuerdos locales, las materias ligadas con aspectos tributarios, patrimoniales y otros de índole económica, así como las vinculadas a la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda.
Cervera ha justificado la decisión en que lo que pretende el Gobierno es "colaborar con la administración de justicia, contribuir a que se haga justicia de la forma más profunda y clara, y que se depuren todas las responsabilidades criminales que pudiera haber".
Según ha añadido, "corresponde" a la Junta defender los intereses de la comunidad, de ahí la decisión de presentar la querella.
