El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Antequera ha procedido al sobreseimiento provisional y al archivo de la causa por un presunto delito de prevaricación del que se acusaba al alcalde de Antequera, Ricardo Millán.

Según la resolución judicial, se considera que "no ha quedado debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa, motivo por el que procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la presente diligencia".

La declaración del alcalde en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación en los juzgados antequeranos el pasado 12 de junio se debió a una denuncia presentada en el mes de marzo de 2007 por el PP de Antequera.

Este grupo alegaba que el primer edil realizaba contrataciones de personal y adjudicaciones de obras a dedo así como gratificaciones y pago de nóminas del personal del Ayuntamiento, para lo que presentaron ante los juzgados 400 informes de reparo realizados por el interventor municipal.

Millán indicó hoy en rueda de prensa que los populares denunciaron nueve contrataciones de personal, algunas "irrisorias", según dijo, porque el PP ya las había "aprobado previamente" al asistir el concejal popular José Ramón Carmona a la mesa de empleo y realizar la aprobación de una de las contrataciones.

Según precisó, la jueza tras estudiar los informes de reparo interpuestos por el interventor llega a la conclusión de que "todas se realizaron atendiendo a criterios de urgencia, a solicitud de trabajadores concretos por razón de la especialidad de la actividad a realizar y avaladas por un informe y por propuesta de la comisión local de empleo".

Asimismo, la resolución determina que "a pesar de que el interventor pueda entender que en materia de contratación laboral puedan existir irregularidades, a nuestro juicio, en modo alguno las resoluciones dictadas por el alcalde presidente en esta materia pueden ser constitutivas de delito de prevaricación".

Respecto a las gratificaciones de personal, Millán se refirió a un caso "llamativo" como es el pago de nóminas de febrero y marzo de 2006 a los trabajadores municipales. El interventor decía en un informe que "al no haberle dado tiempo a fiscalizarlas no tenían por qué abonarse", por lo que el alcalde tomó la decisión de abonarlas.

A este respecto, la jueza dicta que "cuando el órgano que afecte al reparo no esté de acuerdo con el mismo corresponderá al presidente de la corporación resolver la discrepancia siendo su resolución ejecutiva y en modo alguno puede calificarse como arbitraria".

En cuanto a las adjudicaciones de obras como el recinto ferial del Parque del Norte, Millán manifestó que los técnicos municipales aportaron a la jueza toda la documentación en la que se comprobaba que los excesos en el presupuesto se debían a fallos del terreno, por lo que, según el primer edil, en mitad de cada actuación surgían actuaciones imprevistas de obras con las que había que continuar y cuyos presupuestos no llegaban al límite que marca la ley para la adjudicación de las mismas.

Por otro lado, en cuanto a la adjudicación de la remodelación del Pabellón Fernando Argüelles, Millán precisó que se aprobó por mayoría en el pleno adjudicar la obra con carácter de urgencia para que el Balonmano Antequera pudiera contar con las instalaciones para sus inicios como equipo de la liga Asobal, por lo que no entiende "por qué si apoyaron la moción luego denuncian este hecho".

Aunque se ha archivado el caso, el alcalde dijo "no estar satisfecho", porque aún siendo la resolución "positiva" entendió que "no se debería haber llegado hasta aquí". Así, consideró necesario que el PP convoque una rueda de prensa "para pedir disculpas públicamente", aunque señaló que a él no le va a servir", puesto que, según apuntó, el daño personal y moral "ha sido irreparable".

En este sentido, apuntó que ante dicha resolución judicial "lo más lógico" sería que los concejales populares, la parlamentaria andaluza Ana María Corredera y el diputado en el Congreso, Ángel González, "dimitan". Asimismo, no descartó emprender acciones legales contra esto y contra el portavoz popular, Manuel Barón, "por daño de imagen, falso testimonio y difamación".