10 de julio de 2008
10.07.2008
economía.

El Tribunal de Cuentas fija la deuda de los dos últimos años del GIL en más de 335 millones

10.07.2008 | 03:01
Caos. Marisol Yagüe, última alcaldesa electa procedente del GIL.

El órgano fiscalizador ha aprobado el informe que analiza la situación financiera del Ayuntamiento de Marbella entre los años 2004 y 2006

El Tribunal de Cuentas ha aprobado su informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella entre 2004 y 2006, etapa de mandato de algunos de los detenidos e implicados en el marco de la operación ´Malaya´. De esta forma, el órgano ratifica la desorganización que gobernó durante estos años en las arcas municipales y que originó un agujero económico de 335 millones de euros en total para la localidad y 2.669 euros por cada uno de sus 132.662 habitantes de derecho.
El informe constata el descontrol en los gastos, ingresos y contrataciones tanto de obras como de personal, al producirse importantes irregularidades. Entre ellas, la inexistencia de proyectos o presupuestos, la aprobación por parte del Gobierno local de proyectos y presupuestos que no existían o la falta de concursos y procedimientos para conceder las obras, que se designaban de forma "directa".
El Tribunal de Cuentas denuncia además en su documento, que abarca dos últimos años de gobierno del GIL, el hecho de que el Consistorio marbellí aceptara facturas de obras que nunca llegaron a ejecutarse, entre otras partidas que se extraían y quedaban sin justificar. En muchos casos, de acuerdo con el órgano fiscalizador, se pagaban ciertas obras con inmuebles cuyo valor era, en su mayoría, superior al de las obras recibidas a cambio.
Las cuentas municipales reflejaban una situación irreal, indica el Tribunal, que determina que no se establecieron límites cuantitativos a las órdenes de pago ni se reguló cómo habían de justificarse. "Se trata de una práctica muy utilizada para atender todo tipo de operaciones sin que existieran condicionantes objetivos que impidiesen su tramitación ordinaria", concluye.
Tampoco había controles suficientes en la gestión de los ingresos y los ex gobernantes se excedieron en las tarifas de licencias de construcciones, obras y aperturas de establecimientos. Para ello, se escudaron en la inexistencia de comprobaciones adecuadas de las multas de tráfico y de los recursos que gestionaban las empresas municipales.
En función de las conclusiones a las que llega el Tribunal, en los cuatro últimos años de mandato del Grupo Independiente Liberal se acumuló un endeudamiento financiero de 31,5 millones de euros, sin contar los intereses, y se dejaron de cobrar 203,7 millones de euros, la mayoría procedentes de enajenaciones de aprovechamientos urbanísticos, derivados de convenios. Unos derechos pendientes de cobro, de los que podían haber prescrito 96,6 millones.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

La Opinión, en tu WhatsApp


Apúntate, es gratis

Toda la actualidad de Málaga, en tu móvil con nuestras alertas informativas por WhatsApp


Enlaces recomendados: Premios Cine