Tras trece años de calvario, la justicia les ha dado la razón. El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Ayuntamiento de Vélez-Málaga a pagar unos 2,8 millones de euros a 18 vecinos residentes en los edificios Ipanema I y II del núcleo de población de Torre del Mar en concepto de indemnización por sufrir los ruidos de la zona de ocio conocida como El Copo entre 1990 y 2003.

El alcalde de la localidad, Francisco Delgado Bonilla, dio ayer a conocer la sentencia que condena a la Administración local a hacer frente también a las costas procesales lo que, según las estimaciones del regidor, elevaría la cantidad a 4,5 millones. "La situación económica del Ayuntamiento impide pagar a los vecinos", anunció ayer Bonilla, quien señaló que esta situación se deriva del incumplimiento de la normativa de ruidos del anterior gobierno socialista.

Los hechos se remontan a 1990, cuando los 18 propietarios del conjunto Ipanema deciden recurrir a la vía judicial cansados de soportar los ruidos hasta altas horas de la madrugada que generaba la zona de bares de El Copo. Ante esta situación, presentaron una querella ante el Tribunal Supremo contra el ex alcalde del municipio Antonio Souvirón, al que acusaban de prevaricación. Asimismo, iniciaron un proceso contencioso-administrativo en defensa de los derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

José Antonio Siles, uno de los afectados, comenta que el Tribunal Superior no condenó entonces a Souvirón, aunque dejó el caso abierto por si había más denuncias. Sin embargo, en 2003, el TSJA dicta sentencia y condena al Ayuntamiento a hacer cumplir la normativa de ruidos, cerrar los bares, además de velar porque se insonoricen los establecimientos y pagar 12.000 euros a los 18 vecinos afectados.

El Consistorio recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), paso que también dieron los propios vecinos. Finalmente, el 2 de junio de 2008, el Tribunal Supremo dictaba sentencia firme a favor de los afectados y ordenaba al Ayuntamiento que cumpliese la normativa legal vigente sobre el control de ruido, efectuase el control de la insonorización de los locales e indemnizara a cada uno de los denunciantes por los daños soportados con la cantidad de 12.020 euros.

Por otro lado, tanto Delgado Bonilla como Siles consideran que el Ayuntamiento deberá además indemnizar desde 2003 hasta 2008 con una cantidad aún no establecida si los ruidos no cesan. El regidor, que se reunirá esta semana con los vecinos con el fin de estudiar el pago, lamentó que su gobierno tenga que asumir "las irresponsabilidades" cometidas durante el mandato del PSOE.