"Josefa Torres quiere ser alcaldesa, pero no lo voy a consentir". A juicio del alcalde de Sierra de Yeguas, Rafael Sánchez Lavado, la situación que está viviendo es fruto de una trama política en su contra en la que detrás se encuentra la todavía primera teniente de alcalde, ya que según han constatado miembros de la corporación municipal, la edil popular aún no ha formalizado su baja en el Consistorio como se señaló inicialmente.

En estos momentos, tanto Sánchez como Torres se encuentran de baja de sus funciones en el Ayuntamiento, lo que ha provocado que asuma las riendas de la alcaldía el hijo del regidor, Miguel Ángel Sánchez. "Lo último es dimitir, me debo a mi pueblo y a los vecinos que me han colocado en este puesto. Finalmente demostraré que no son ciertos los hechos que se me imputan", recalcó el alcalde, arropado por gran parte de su familia, entre los que se encontraban su mujer, Ana Jiménez.

Rafael Sánchez Lavado ha denunciado el procedimiento empleado por Torres para hacer pública una relación que a su juicio ha durado "más de lo debido", siete años. "Antes de denunciarme formalmente por delitos tan graves como violencia de género, violación y acoso sexual y laboral, se dedicó a repartir copias de conversaciones telefónicas privadas, en formato CD, pertenecientes a los años en los que hemos estado juntos. Están sacadas totalmente de contexto, tergiversadas y grabadas con una clara intencionalidad", detalló el regidor, quien afirmó no "reconocer" a la actual Josefa Torres. Según explicó el abogado de Sánchez, Miguel González, en caso de que los juzgados admitan a trámite la denuncia de la primera teniente de alcalde, impugnarán la "supuesta prueba" de las grabaciones. "Están totalmente manipuladas y evidencian el deseo de recabar pruebas para perjudicar a mi representado", apostilló González.

La defensa de Sánchez ha solicitado en la denuncia presentada contra Torres y algunos de sus familiares confiscar las copias de esos cedés -actualmente difundidos entre vecinos del pueblo- para salvaguardar la presunción de inocencia del regidor.