El Alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, ha manifestado hoy en el Pleno Extraordinario la "firme voluntad" del Ayuntamiento de seguir buscando soluciones al problema de las viviendas irregulares, "estrictamente" dentro del marco de la Ley y "con el objetivo de regularizar cuantas sea posible, vía revisión del Plan General".
En total existen unos 1.200 expedientes abiertos por construcciones irregulares, de los cuales, 500 corresponden a viviendas, mientras que el resto "son otros tipos de construcciones"; como muros, piscinas o pequeños cuartos de aperos, según informó el Consistorio de Mijas en un comunicado.
En este sentido, el primer edil aclaró que "de los 500 expedientes tan solo un porcentaje bajo corresponde a viviendas habituales de familias, de ahí la necesidad de tratar de resolver las situaciones individualmente y no de forma global", ya que, "no están en la misma situación las familias cuya única vivienda habitual es una casa irregular, que quienes tienen más de una vivienda sin licencia".
Asimismo, Sánchez manifestó que comprende la situación que viven las familias, reiterando que técnicos y juristas siguen trabajando para encontrar "la mejor salida a un problema complejo", en el que, en muchos casos, "sólo un juez tiene competencia para paralizar las sanciones o expedientes".
El alcalde concluyó incidiendo en que "cuando se llegue a soluciones, quienes hayan construido irregularmente tendrán que afrontar las cargas que les correspondan, puesto que en caso contrario, se produciría un agravio con los miles de vecinos que sí han cumplido con todos los requisitos legales para construir o adquirir una vivienda".
El grupo popular exige responsabilidades
Por su parte, el presidente de la Asociación por la Regularización de las Viviendas de Mijas, Juan Antonio Blanco, leyó un comunicado durante el transcurso del pleno en el que expresó "la angustia" que padecen los miles de vecinos que se encuentran en esta situación, a la que el Ayuntamiento "garante de la legalidad urbanística, por acción u omisión ha contribuido".
El grupo municipal popular apoyó el comunicado emitido por los afectados que, según el portavoz del PP en Mijas, Ángel Nozal, y haciendo mención a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), "son responsables a la infracción urbanística todos los órganos administrativos y públicos que lo hayan permitido".
Sin embargo, según hizo saber el PP de Mijas en un comunicado, el PSOE rechazó "tajantemente" las propuestas de los afectados y su portavoz, Pedro Fernández, se limitó a acusar al PP de "politizar" el asunto.
Por último, el concejal popular Manolo Navarro certificó que "el PP será firme en la exigencia del cumplimiento estricto de la legalidad y por tanto de la exigencia de responsabilidades a todos los concejales del equipo de Gobierno".
"Concederemos al alcalde la oportunidad de reconsiderar su postura, pero que si transcurrido agosto no certifica el apoyo a las demandas presentadas, tendremos que acudir a la Fiscalía para que se investigue la comisión de un presunto delito por omisión por parte de los anteriores gobiernos socialistas", aseveró Navarro.
