Los dueños de chiringuitos de Fuengirola piden soluciones

Los empresarios del sector turístico dedicados a las hamacas y los chiringuitos viven actualmente unos momentos de inestabilidad hasta conocer finalmente la decisión adoptada por la Demarcación de Costas sobre la aplicación de la normativa dictada por el Ministerio de Medio Ambiente en relación a las concesiones administrativas a dichos establecimientos y su permanencia como negocios de playa.

En este sentido, los empresarios fuengiroleños han mostrado su rechazo a la ley que rige este sector. "Fuengirola no tiene espacio para sacar los chiringuitos fuera de las playas. Somos muchos los que vivimos de esto y adaptarse a lo que nos piden podría ser la ruina de muchas familias", aseguran varios chiringuiteros del litoral fuengiroleño. El presidente de la Federación de Empresarios de Playas de Andalucía (FAEPLA), Norberto del Castillo, propone que "se mantenga el servicio de hamacas y quioscos desmontables durante todo el año".

El Ayuntamiento de Fuengirola ha exigido la concesión administrativa durante 15 años para los 29 establecimientos ubicados en las playas del municipio, además de catalogar como "fijo" el Bikini Beach. "Nos negamos a que no haya concesiones en regla. Desde 2004 el Ministerio no renueva estos permisos", comenta la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña.

Entre las directrices dictadas por el Ministerio de Medio Ambiente destacan la obligatoriedad de ubicar los chiringuitos encima del paseo marítimo (fuera de la arena), limitar su ocupación a 150 metros cuadrados y que la distancia entre establecimientos sea de 200 metros lineales como mínimo.

Por su parte, la Demarcación de Costas ha anunciado que "estudiará caso por caso la situación de estos establecimientos para adaptarlos a la ley de manera flexible". Durante el mes de diciembre se han producido diferentes reuniones entre dicho órgano, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, y los representantes de los empresarios, además de con otras instituciones competentes. El subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, aseguró que "son un amplio sector de la población y muchos trabajadores los que pueden verse afectados", por lo que se comprometió a defenderlos ante la Dirección de Costas.