Los arquitectos creen injusto el nuevo PGOU de Marbella

No es un buen plan. Es injusto e interesado. Las conclusiones del Colegio de Arquitectos de Málaga sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella son contundentes y se basan en una sospecha. "La clave de la solución propuesta (para normalizar las viviendas irregulares) podría encontrarse en el interés de las administraciones implicadas en eludir las responsabilidades que evidentemente tienen en la problemática planteada".

La alegación presentada por el órgano colegiado que seguramente más sabe de urbanismo consta de nueve folios y supone un rotundo rechazo al modelo de regularización pactado provisionalmente entre el Ayuntamiento de la localidad y la Junta de Andalucía. Una solución institucional que pasa ´la pelota´ al tejado de quien menos se lo merece.

"Se trasladan la totalidad de los costes de la regularización a los particulares (promotores que no actuaron de manera irregular y especialmente a los adquirientes de viviendas), lo cual no es aceptable", concluye.

Los arquitectos están convencidos de que un "incumplimiento tan generalizado" del plan vigente, de 1986, no puede quedar sin una respuesta administrativa en la nueva revisión, pero no está de acuerdo en cuál ha sido la seleccionada. La solución "no es la única alternativa legal viable" y, aún mas, su encaje en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía es "forzada y discutible".

En este sentido, los arquitectos colegiados con su decano a la cabeza, Francisco San Martín, consideran que se ha optado por reservar "de forma masiva" a la mayor parte de los terrenos que quedan disponibles en la localidad para un uso público.

De esta forma, "se penaliza a los propietarios de los suelos vacantes, que no han cometido ninguna irregularidad" y "se premia" a aquellos que agotaron el aprovechamiento de sus suelos. Y todo ello, sin concretar lo que se entiende como incremento considerable de aprovechamiento de un suelo ni cuantificar las dotaciones necesarias, según expone en su alegación.

Frente a esto, los arquitectos proponen que a las administraciones públicas asuman la parte de carga que les corresponde para restituir la legalidad a partir de un modelo de normalización "más viable".