Unanimidad para pedir que Marbella sea ´gran población´

Todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento: PP, PSOE e IU apoyaron ayer la consideración de Marbella como municipio de gran población, una categoría recogida en la normativa aprobada por el Parlamento Andaluz que le permite acceder a un régimen administrativo superior pero que no lleva aparejada ninguna ayuda económica directa.

Ser capital de provincia con menos de 175.000 habitantes o población con más de 75.000 son los principales requisitos que debe cumplir cualquier municipio andaluz para acceder a este estatus. Pero además, debe justificar circunstancias económicas, sociales, históricas y culturales especiales. Y el Parlamento autonómico tiene la última palabra en su concesión.

Circunstancias especiales. El portavoz del gobierno municipal del PP, Félix Romero, defendió ayer que Marbella cumple sobradamente todos las características necesarias, lo que justificó con una memoria de datos compilada por el Ayuntamiento.

En función de los distintos indicadores que incluye este documento, la localidad alcanza el tercer puesto en número de residentes, al ser hasta 343.000 las personas que forman parte de su población flotante de media y aportar, en el terreno económico, el 10% del Producto Interior Bruto que registra Andalucía.

Félix Romero recordó que la entrada de Marbella en este "club selecto" de ciudades andaluzas le permitirá, por ejemplo, abrirse camino a la hora de obtener inversiones regionales, al tener que ser considerada como centro subregional, al igual que Algeciras, en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que está en trámite.

En lo referente a la estructura organizativa, la ley andaluza permite incorporar la figura del delegado municipal no electo o la creación de órganos de participación ciudadana, como oficinas del defensor o consejos consultivos, y obliga a dividir el término municipal en distritos para descentralizar los servicios.

El portavoz de IU, Enrique Monterroso, apoyó la iniciativa pero matizó sus recelos y recordó que la ley estatal está recurrida ante el Tribunal Constitucional. "Las funciones del pleno municipal pierden peso a favor de la alcaldía y la junta de gobierno local", algo que le preocupa por que pueda significar un "nuevo giro de autoritarismo" por parte del PP.

La creación de un consejo social consultivo, o la constitución de una comisión de sugerencias y reclamaciones son aspectos que "ya pueden crearse" en virtud del reglamento de participación ciudadana vigente, según IU.

Pero, lo más preocupante, para Monterroso, es la puerta que se abre para la entrada de nuevos cargos de confianza. "La alcaldesa, Ángeles Muñoz, puede nombrar nuevos directores y asesores que engrosen la ya abultada nómina de cargos del PP", criticó.