La Audiencia Nacional condena a casi 7 años cárcel a Roca por el 'caso Saqueo'

La Audiencia Nacional ha condenado hoy a penas de entre 6 años y 10 meses y 9 años de cárcel al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca y a los acusados José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel en el "caso Saqueo" por el desvío de fondos del consistorio entre 1991 y 1995, mientras que ha absuelto a los otros tres procesados en la causa.

Tras notificar la sentencia en lectura pública, la sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal, a petición de la fiscal anticorrupción Belén Suárez, ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, a Sierra y a Castel, condenados a 9 y 8 años de cárcel, respectivamente, y ha acordado mantener en la cárcel a Roca, a quien han impuesto la menor pena, de 6 años y 10 meses.

El magistrado ponente de la sentencia Juan Francisco Martel ha anunciado además que Roca, Sierra y Castel, condenados por los delitos continuados de malversación de fondos públicos y falsedad en documento mercantil, deberán indemnizar al Ayuntamiento de Marbella con casi 23 millones de euros por los perjuicios causados.

El tribunal ha absuelto a los otros tres acusados en esta causa, Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera (empleados de las sociedades municipales Planeamientos 2000 y Contratas 2000) y Purificación Notario, (esposa del gerente de la última empresa).

El tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, ha condenado como responsables civiles a las sociedades Promociones Futbolísticas y Rancho Valdeolivas, propiedad de Jesús Gil, a pagar 2,4 millones de euros y 150.000 euros, respectivamente, y ha absuelto a los herederos de Jesús Gil, así como a los del marido de Notario, José Luis Jiménez, imputado en la causa que falleció en 2005.

La sentencia, de 122 folios, considera probado que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL), el ex alcalde es aconsejado por Sierra, quien concibe la idea de crear varias empresas sujetas a la legislación mercantil "bajo el aparente designio de que la gestión de los servicios municipales sería más ágil y eficaz".

La existencia de 31 sociedades municipales, que "se nutrían" de las subvenciones y transferencias de dinero público del consistorio, "degeneró" en una situación de "opacidad y falta de transparencia que alejaba aquella gestión del control interno y de eficacia" por parte de la corporación municipal.

Para dar cobertura a la distracción de fondos públicos, subraya la sala, Sierra, Castel y Roca -a quienes también han impuesto 10 años de inhabilitación para cargo público- "se concertaron con otras personas no enjuiciadas y con vínculos más estrechos con el Ayuntamiento en la ideación y puesta en práctica de una serie de actividades encaminadas a crear una apariencia contable de gastos, con objeto de justificar el uso de las cantidades detraídas".

Según los magistrados, Castel es el encargado de supervisar la contabilidad de las sociedades y de solucionar las incidencias que iba planteando la gestión de las mismas, "especialmente en materia de aumento ficticio de los gastos supuestamente generados por éstas, a fin de destinar los fondos a que ascienden aquellos irreales cargos objetivos e intereses no públicos".

Para ello, añade la sentencia, atribuyeron a cuatro sociedades inactivas, compradas por Roca -"que pone su capacidad empresarial a disposición de la trama delictiva"-, determinada facturación como supuestas proveedoras de la sociedad municipal Contratas 2000, cuya "simulada" contabilidad fue trasladada primero a los libros de comercio y después a las declaraciones tributarias".

La sala sostiene que los conocimientos jurídicos de Sierra, los contables de Castel y la actividad empresarial de Roca fueron "relevantes" para llevar a cabo esta "detracción" de fondos.

Roca fue detenido en marzo de 2006 por el "Caso Malaya" y en abril de 2008 fue puesto en libertad tras pagar un millón de euros de fianza, aunque una semana después el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó de nuevo su ingreso en la cárcel, eludible con el pago de una fianza de tres millones de euros que no había satisfecho hasta el momento.