El ex alcalde del Valle de Abdalajís Tomás Gómez Arrabal (PP) cumplirá a sus 64 años una condena de tres años de cárcel por delitos continuados de prevaricación urbanística durante el periodo en el que gobernó en la citada localidad malagueña, en concreto por los hecho acaecidos entre 2001 y 2004.

Así lo ha acordado el propio ex regidor con la Fiscalía de Málaga, quien solicitaba en un principio para Gómez Arrabal una pena de 30 años de cárcel y 111 años de inhabilitación, por 12 delitos de prevaricación urbanística, nueve de ellos de "carácter continuado".

Asimismo, la resolución judicial también recoge que tres ediles de los cuatro que formaban parte de la comisión de gobierno de aquellos años cumplan 27 meses de prisión, y que el tercero, en esta caso una ex concejala, pague una multa de unos 108.000 euros, aclaró a este periódico Gómez Arrabal, quien no pudo evitar mostrarse muy confuso con la sentencia judicial.

"Este fiscal ha sido durísimo con nosotros. No cabe otra palabra. Cualquiera en el pueblo puede decir que no nos hemos enriquecido con las licencias concedidas a los vecinos. Es más, yo no tengo ni propiedades en el Valle, sólo una casa fuera del pueblo que me dejó mi padre en herencia. Éso demuestra que actuábamos sólo pensando en el bien de nuestros conciudadanos", resaltó indignado el ex regidor, quien pidió para él y sus antiguos compañeros políticos la solicitud de indulto por parte del juez.

El ex alcalde popular adelantó que un amplio grupo de vecinos están recogiendo firmas en la localidad y en municipios vecinos a favor de un indulto para los acusados y, según sus cálculos, ya se podría sobrepasar el millar de apoyos. "Además, recientemente hubo una concentración en el pueblo en señal de protesta por esta resolución judicial, y para el 27 de julio está prevista otra concentración en la plaza central del pueblo", continuó Gómez Arrabal.

Por otra parte, en relación al ´caso Mirador´, que afectaba a toda la corporación municipal anterior a la actual por permitir la ejecución de una urbanización sin planeamiento vigente, la Fiscalía ha acordado siete años de inhabilitación para los ediles implicados, según fuentes judiciales consultadas.