El ex alcalde de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos (PSOE) negó ante el juez tras su detención en el caso Astapa que exigiera dinero a empresarios y dijo que las aportaciones de firmas como Valle Romano para eventos "eran voluntarias y altruistas", a través de la Kutxa.

Estas donaciones también se realizaban al PSOE, del que Barrientos -en libertad bajo fianza de 150.000 euros- era secretario local, aunque, según dijo, no conoce los pormenores, ya que lo llevaba José Flores, su jefe de Gabinete de Alcaldía, también en libertad bajo fianza de 150.000 euros.

Según recoge la parte del sumario levantada hoy por el juez instructor del caso, Jesús Torres, Barrientos manifestó que los problemas de financiación del Ayuntamiento se trataban de resolver con medidas impositivas, ya que había restricciones en cuanto al uso del dinero procedente de los convenios urbanísticos.

Según Barrientos, cuando el Consistorio ha tenido problemas económicos no se ha dirigido a estos empresarios para financiar el Ayuntamiento, aunque reconoce haber recibido de Valle Romano obsequios en especie "que son los normales, como botellas de champán".

El jefe de Gabinete de Alcaldía, José Torres, era el 'muñidor'

El jefe de gabinete del Alcaldía de Estepona (Málaga) cuando se destapó la operación 'Astapa', José Flores, imputado en la causa, era "el muñidor" de todos los asuntos que afectaban al Ayuntamiento y era quien gestionaba "la negociación de los convenios urbanísticos" y conseguía "financiación, mediante donaciones a las delegaciones socialistas". Flores, según se desprende del auto de prisión, dictado por la entonces jueza encargada de la instrucción del caso, "del dinero recogido irregularmente", distribuía "una parte a las concejalías del PSOE de Estepona que lo solicitan y otra parte, se dirige a bolsillos de personas particulares, al carecer de contabilidad".

Para la instructora, Flores "es la persona que se encarga de controlar el dinero procedente de empresarios con algún tipo de interés, especialmente urbanístico, con el objetivo de repartirlo". La consecución de ese dinero "suele encubrirse en forma de donaciones o aportaciones voluntarias, patrocinio o esponsorizaciones de eventos, contratos de publicidad, etc.".

Según el auto, Flores, que estuvo en prisión por esta causa casi seis meses, "influye en concejales, directores de área y personal técnico para obtener diversos propósitos". Además, "presiona a funcionarios del Ayuntamiento para que les busquen licencias, aprovechamientos, convenios, mediante los cuales pueda obtener dinero".

Para la jueza, el imputado "es responsable criminalmente de presuntos delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales, que no han sido desvirtuados con la declaración del detenido (Flores) al haber manifestado que se dedica a actividades variopintas". Así, en ese momento se le imputaron los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo.

En conclusión, José Flores "sería un funcionario público que presuntamente habría solicitado y/o recibido dádivas para realizar ciertas acciones en el ejercicio de su cargo, habría influido en otros funcionarios públicos para conseguir resoluciones que generen beneficios económicos para sí y para terceros; habría sustraído los caudales o efectos públicos que tiene a su cargo por razón de sus funciones; habría adquirido, convertido o transmitido bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito, entre otras actividades que podrían ser constitutivas de delito", según el auto de prisión.

Flores, en su declaración, aseguró que "nunca" transitó dinero en metálico en su despacho y afirmó que no recibía nada a cambio por las gestiones que hacía para conseguir financiación para eventos. Asimismo, negó haber influido sobre compañeros de corporación para incorporar a nadie al Ayuntamiento ni haber cobrado por ello.

Donaciones

En relación a las donaciones, la Policía recoge que durante el registro del despacho de Luis Fernando Linares, consejero delegado de Valle Romano, hallaron una carta dirigida al Ayuntamiento en la que se hacía mención a la entrega de 700.000 euros "para que los gestionara de la manera más adecuada".

Sobre la valoración de los aprovechamientos urbanísticos, Barrientos declaró que ésta venía determinada por el jefe de servicios técnicos y que "el tema de los convenios lo llevaba el jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores".

El empresario Antonio Bazán, en libertad bajo de fianza de 300.000 euros, aseguró a la jueza en relación a un convenio urbanístico en el que él es parte afectada que por el Ayuntamiento "negociaba principalmente José Flores, asistido por personal de Urbanismo y abogados".

El "caso Astapa" se inició tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción al entender que podrían estar cometiéndose los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el Ayuntamiento.

De los 68 imputados que suma, 40 se encuentran en libertad sin fianza, 23 en libertad bajo fianza y sobre los cinco restantes no ha trascendido ninguna decisión judicial.