a Fiscalía sostuvo hoy la acusación contra el alcalde de Canillas de Aceituno (Málaga), José Manuel Aranda, por un delito contra la ordenación del territorio por conceder por decreto una licencia de obra que supuestamente "contravenía frontalmente la normativa urbanística vigente".

El Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga juzgó esta mañana al regidor socialista, para el que el ministerio fiscal mantuvo la petición inicial de un año de prisión y nueve de inhabilitación especial para cargo público, mientras que su defensa solicitó la libre absolución.

El fiscal sostenía en sus conclusiones que el alcalde concedió a un particular y a sus hermanos licencia para una vivienda unifamiliar de una planta "a sabiendas" de la ilegalidad, ya que el suelo estaba calificado como no urbanizable y la documentación presentada para la concesión "no acreditaba la existencia de explotación agrícola que justificase la necesidad de la vivienda".

Asimismo, se añadía que "se tramitó por el Ayuntamiento expediente de proyecto de actuación" y se indicaba que el acusado "decidió someter" el proyecto a su aprobación en pleno "silenciando la existencia de informes" y, además, "sin esperar" a que se pronunciase la Consejería de Obras Públicas, que había pedido al Consistorio documentación para acreditar la necesidad de la vivienda.

A la salida de los juzgados, tras la vista oral, Aranda aseguró que "se ha visto claro en el juicio que yo no he hecho las cosas con intencionalidad, ni mal, se ha hecho lo que la ley dice", aunque argumentó que "lo que pasa es que la Junta de Andalucía tiene un criterio, el ministerio fiscal y nosotros otros". "Lo respetamos y ahora el juez dirá", apuntó.

Ámbito Administrativo

Así, aseveró que "confía en la justicia" y esperó que se dictamine "a mi favor", al tiempo que indicó que "se ha tardado un año en dar una licencia, porque se le ha requerido más documentación a esta persona que la solicita". En este sentido, consideró que "es un tema administrativo, no es un tema penal".

"Creo que cuando se legisla a golpe de lo que ocurre en ciertos sitios, pagamos justos por pecadores y yo creo que es lo que está ocurriendo en algunos casos de los nuestros", aseguró Aranda, quien dijo que "por lo que ocurre en otros sitios donde la gente ha metido la mano, nos quieren meter a todos en el mismo saco y eso no es, yo soy una persona honrada y me considero honrado".

El regidor manifestó que "hay muchos problemas" pero insistió en que "uno de ellos puede ser la legislación, que se ha legislado a golpe de cosas que suceden en otros sitios y no debe de ser así".

Su abogado defensor, Jesús Marín, que pidió la absolución, indicó a Europa Press que los técnicos han declarado que los informes "eran de procedimiento". El letrado esperó que se produzca una sentencia absolutoria y precisó que el fiscal, "a pesar de no haber modificado su escrito", ha hecho "una acusación completamente distinta a la que había en su informe".