El Ministerio de Defensa pide al Ayuntamiento de Ronda una compensación de 3,6 millones de euros por la cesión del antiguo cuartel de La Concepción, situado en el centro de la ciudad y cuyas obras de demolición se están ejecutando actualmente con una inversión de 600.000 euros procedentes del denominado Plan E.

Ese fue el anuncio que se hizo ayer durante la firma del protocolo de intenciones para la enajenación de la instalación militar (que se podría prolongar durante tres años) y en la que participaron el alcalde, Antonio Marín, y la directora de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, Mónica Melle.

Según explicó el alcalde, esta cantidad es la correspondiente al valor catastral actual del recinto y apuntó que aunque en un principio el Consistorio pretendía pagar únicamente algo más de un millón por los terrenos, finalmente se financiará la cantidad exigida por Defensa con los beneficios que se obtengan de la cesión del aparcamiento subterráneo que se pretende construir en el solar, de más de 5.000 metros cuadrados.

En la superficie se podría situar una biblioteca comarcal o incluso el nuevo Ayuntamiento, «aunque eso se decidirá en la próxima legislatura», dijo el regidor.

De momento, y una vez se culmine la demolición del inmueble, el espacio resultante se destinará, de manera provisional como aparcamiento gratuito con capacidad para 230 vehículos.

La lentitud y el coste de estos trabajos se debe a que casi el 90% de la superficie del inmueble está recubierto de amianto (uralita), que es altamente contaminante y requiere un tratamiento especial a la hora de retirarlo.

En cuanto a las exigencias que mantienen los 14 herederos de Carmen de Abela, condesa de Guadalevín –que cedió hace ahora casi un siglo el cuartel al Estado español para que tuviese un uso militar– el alcalde precisó que «los descendientes tendrán su sitio y en breve terminaremos las negociaciones con ellos».

Y es que en la documentación existente sobre la cesión del cuartel se indica, que «dicha finca no podrá ser enajenada por el Estado, y no destinarse a otros servicios que a los de Guerra», ya que de no ser así pasaría a ser propiedad de los herederos.

Sin embargo, en un apartado del testamento también se apunta que la finca se debe destinar «en todo tiempo a la realización de un fin público», y es en este punto donde el Ayuntamiento justifica la construcción de infraestructuras.