Acaba de nacer y ya tiene problemas. Villanueva de la Concepción, municipio 101 de la provincia desde marzo, despertó ayer tomado por la Guardia Civil. Numerosos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) llegaron muy temprano al pueblo con la intención de registrar el Consistorio, pero estaba cerrado y tuvieron que esperar a la llegada del alcalde de la gestora, Ernesto José Silva (Foro Andaluz), y de los funcionarios para ejecutar sus planes: buscar expedientes urbanísticos presuntamente irregulares.
La tensión se prolongó hasta las 14.00 horas, cuando el Instituto Armado aprovechó para meter al regidor en un coche, con todo sigilo, y llevarlo hasta la Comandancia de Málaga, mientras el resto de agentes sacaba la documentación intervenida tras el minucioso registro por la puerta principal. A pesar de la confusión inicial, se confirmó la detención de Silva –hubo otras dos–, quien durante toda la mañana estuvo muy tranquilo y colaborador, aunque, eso sí, alegó que los expedientes que buscaban los investigadores pertenecían a la anterior corporación, comandada por José Antonio Conejo, ex alcalde del PA y actual edil del PSOE en Antequera. Este último explicó que «urbanísticamente, Villanueva de la Concepción es un pueblo a imitar. No hay muchas irregularidades que yo sepa».
Los presuntos delitos que se le imputan a Silva son prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. La operación está dirigida por el juzgado de Instrucción número 2 de Antequera, e impulsada por la fiscal Ana Lobillo. La querella inicial provino de la Fiscalía de Medio Ambiente y se interpuso hace tres meses. De hecho, en los últimos treinta días los requerimientos de la Guardia Civil al Consistorio sobre numerosos expedientes han sido continuos. Pero los agentes querían dar un golpe de efecto y culminar así las pesquisas. Fuentes de la investigación consideran que las mismas «están muy atadas». En total, se llevaron media docena de cajas con documentos que preludian una investigación más prolongada en la que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.
Pero ayer hubo más detenidos y más registros. Uno sorprendente: los agentes intervinieron dos cajas de documentos en el despacho de un profesor de Derecho Tributario, cuyas iniciales son J. F. H., tras tres horas de búsqueda. Esta dependencia está ubicada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, que se cerró a cal y canto tras expulsar a los periodistas. Como en el Ayuntamiento, nadie pudo entrar ni salir durante varias horas. Se cree que fue asesor del Consistorio de Villanueva de la Concepción. De momento, sólo hay hipótesis, puesto que la causa está secreta y los arrestados no declararán ante el juez hasta el lunes en principio, tras dormir el fin de semana en los calabozos. También comparecerán diversos testigos.
Una vez más, voces cercanas a la abogacía se quejaron de la forma en la que se produjo la detención y del hecho de que el profesor fuera expuesto a la opinión pública incentivando el «espectáculo». Lo cierto es que fuentes docentes aclararon que J. F. H. tenía «actividades privadas al margen de la facultad».
El tercer detenido es un abogado cuyas iniciales son M. G. y que ejerce en un despacho del Centro Histórico, que ayer también fue registrado. Esta firma también tiene presencia física en Almogía, recientemente investigada por un asunto similar que podría tener conexión con éste, insinuaron.
El subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, apuntó que es un caso que se investiga desde hace tiempo y que está relacionado con «el actual Gobierno», pese a lo dicho por Silva. La búsqueda de los agentes también pasó por el Ayuntamiento de Antequera. Intentaban localizar a un arquitecto municipal que en el pasado fue contratado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción cuando aún era una Entidad Local Autónoma.
