La Fiscalía de Málaga pide siete años de inhabilitación, seis meses de prisión, uno de suspensión para cargo público y una multa de 1.800 euros para el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Su edil de Fiestas, Isabel Fraile, también se sentará en el banquillo por el segundo de los ilícitos, y para ella se solicitan un año de inhabilitación, un semestre de cárcel y un ejercicio de suspensión.

Según consta en la calificación, Villanova, en junio de 2005, cedió a J. M. E. «el uso de las instalaciones de la caseta municipal, bien común del municipio, para el desarrollo de las actividades propias de tal espacio, durante el periodo que duraba la Feria de San Juan» (del 22 al 26 de junio de 2005).

«El otorgamiento se verificó de modo frontalmente contrario a las disposiciones legales en la materia y a la ordenanza municipal determinante del pago de una tasa por la utilización especial de tal espacio, y así, contactó directamente con el empresario indicado el 9 de junio, firmando un acuerdo que adolecía de oferta pública, de valoración de los servicios técnicos municipales sobre el importe al que habría de ascender la tasa correspondiente a tal uso, que se fijó, de manera bilateral, en 3.600 euros», recalca el fiscal. Ello impidió que la suma entrara en las arcas municipales.

El modo de abono de la tasa fue el siguiente: vales para consumiciones en el bar de la caseta por ese importe, relata el fiscal, de los que dispondrían el regidor y su concejal «conforme a criterios personales de distribución». Ese «dinero público» se usó «conforme a criterios personales de distribución, no autorizados por la comisión de gobierno local».

Villanova se mostró ayer tranquilo y confiado en al Justicia, al tiempo que aseguró que la Fiscalía no ha argumentado los presuntos delitos «ni ha tenido en cuenta las declaraciones de hasta tres interventores municipales que justifican sobradamente que el contrato de explotación de la barra de la caseta es menor y no genera tasa».

«Soy responsable de lo que pasa en el Consistorio, pero no culpable, no he administrado ticket alguno», explicó contundente. Asimismo, hizo pública «su indignación» por la filtración a la prensa de la calificación fiscal sin que su abogado la tuviera, lo que atribuyó a la cercanía de las elecciones municipales. También atacó a las ex portavoces municipales de IU, en las que adivinó «ansias de venganza».