Los 68 prejubilados rondeños que se acogieron el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó la fábrica textil Bonpunt en 2007 han decidido en asamblea iniciar de nuevo acciones de protesta, ya que según aseguró ayer su portavoz, Isabel Guerrero, llevan siete meses sin cobrar sus pensiones, a pesar de que durante la acampada que protagonizaron en junio en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, donde permanecieron once días, afirman que la Junta les «prometió que se iban a arreglar las cosas, pero seguimos igual».

Así, los prejubilados, junto con sus familiares, amigos y sindicalistas, se desplazarán mañana jueves a Sevilla en dos autobuses que fletará el Ayuntamiento rondeño para participar en la concentración que se ha programado en las puertas de la Consejería de Economía y en la que participarán los afectados por el impago de los ERE de toda Andalucía.

La investigación que ha iniciado un juzgado sevillano para aclarar el presunto cobro ilegal de prejubilaciones en distintas empresas andaluzas que presentaron ERE en los últimos años y que se beneficiaron de las ayudas de la Junta de Andalucía, según los afectados, es la causa por la que han dejado de percibir sus prestaciones.

En Bonpunt se han detectado doce casos en los que los beneficiaros de estas ayudas, al parecer, nunca trabajaron en la empresa textil, conocida en la ciudad del Tajo como «la fábrica de las bragas».

Y ahora, casi cuatro años después, los trabajadores que se prejubilaron se han vistos envueltos sin quererlo en la polémica de los ERE. Algunos de ellos están pasando apuros económicos ya que esta prestación es el único ingreso que llega a sus hogares.

Esto ha provocado que los antiguos trabajadores de Bonpunt estén siendo ayudados económicamente por sus familiares, a la espera de que se resuelva el conflicto y vuelvan a cobrar sus sueldos. Ante esta situación, los prejubilados han decidido iniciar nuevas protestas.