En las diligencias, en las que se hace especial hincapié en las relaciones personales o de parentesco de las personas y sociedades investigadas en este presunto caso de corrupción urbanística, se menciona la dificultad de acceso a determinadas fuentes documentales y no documentales, considerándolas «autolimitaciones del riesgo derivado de si los propios investigados llegaran a tener conocimiento por cualquier fuente de que estaban bajo investigación de la Fiscalía Provincial de Málaga, con el auxilio de la policía». Asimismo, según la documentación que obra en la causa judicial, la policía destaca el hecho de que Ronda es una ciudad relativamente pequeña, la alta interacción vecinal, la alta notoriedad de los investigados y la trascendencia y gravedad de los hechos descritos, por lo que se considera que en el momento de la investigación no era posible acudir de manera directa a las fuentes locales de documentación, tanto públicas como privadas, «sin riesgo de pérdida de efectividad en la información». El proceso judicial se abrió el 22 de abril de 2010 y la mayoría de investigaciones siguen todavía bajo secreto de sumario.
