La localidad de Cortes de la Frontera vuelve a convertirse en noticia por la huelga que los veinte funcionarios municipales iniciaron ayer con motivo del impago de sus tres últimas nóminas. Los trabajadores iniciaron ayer unas jornadas de paro durante una hora que volverán a repetirse durante toda la semana, incrementándose a partir del próximo lunes en una hora más hasta alcanzarse las cuatro a mediados de julio, en caso de que no se llegue a una solución.

Miguel Pineda, delegado de Personal, aseguró ayer que «a finales de la pasada semana» el alcalde les pagó una nómina, aunque se mostró receloso de que las negociaciones lleguen a buen puerto y lamentó que se hayan producido supuestas medidas de presión hacia algunos funcionarios por parte del regidor. «Cuando Granero pagó la última nómina, instó a algún trabajador a no ir a la huelga», aseguró.

Los trabajadores del ayuntamiento cortesano califican la situación de «insostenible». Pineda afirmó que «hay familias que lo están pasando verdaderamente mal y no podemos tolerarlo. Llevamos con atrasos desde hace un año y no podemos soportarlo más», matizó.

Tras el paro de una hora se celebró una reunión entre los funcionarios y el alcalde en la que éste se comprometía a abonar otra nómina «en unos quince días». El pago de esa mensualidad supondría un desembolso de unos 40.000 euros de los cerca de 500.000 euros que el Consistorio adeuda a la plantilla en total, según señalaron fuentes del sindicato CSIF.

La central sindical entiende que la huelga iniciada ayer «se trata de una medida poco gratificante, pero necesaria», recordando que «antes de la convocatoria de huelga, el pasado mes de diciembre, se mantuvo una reunión conjunta entre trabajadores y alcalde en busca de soluciones, en la que el Ayuntamiento no supo ofrecer alternativas».

CSIF no descarta que, tras las jornadas de paros, los trabajadores emprendan otro tipo de medidas como encierros y manifestaciones para reclamar las nóminas atrasadas.

Además, lamentaron que sólo secundaran la huelga los veinte funcionarios del Ayuntamiento de los alrededor de cien trabajadores que dependen del Consistorio, algo que achacan a «posibles represalias, ya que el tipo de contrato con el que suele trabajar el personal laboral les ofrece escasa protección en casos de esta índole».