Los vecinos de Santa Amalia, en Alhaurín de la Torre, están con el agua al cuello, nunca mejor dicho. La barriada, junto al cauce del río Guadalhorce, es una de las más problemáticas ya que, cada vez que llueve y aumenta el caudal del río, se inundan sus viviendas, situadas en terreno inundable.

Eso mismo ocurrió el 28 de septiembre, cuando las fuertes lluvias desbordaron el Guadalhorce a su paso por varios municipios, y lo mismo volvió a ocurrir el pasado 9 de noviembre, cuando el agua superó el metro de altura.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre tiene expedientes abiertos a un total de 13 construcciones irregulares situadas en la zona de Santa Amalia, que en su día se levantaron en suelo no urbanizable protegido, por ser terreno inundable debido a la cercanía del cauce del río Guadalhorce.

El Ayuntamiento es consciente de que las demoliciones constituyen la parte más desagradable del problema pero recuerda que, para llegar a eso, «ha habido reiterados incumplimientos de la normativa urbanística por parte de los propietarios».

El proceso administrativo es larguísimo. El Ayuntamiento «realiza varios avisos y procura que los propietarios corrijan las irregularidades, y sólo el empecinamiento de éstos provoca que al cabo de un tiempo se lleve el asunto a la Fiscalía de Medio Ambiente», aseguran fuentes municipales.

Por su parte, los vecinos de la zona muestran su malestar y se sienten «tratados como ciudadanos de segunda», por la situación irregular de las viviendas. «Tenemos niños y no nos dan ni agua, ni nos ofrecen ropa para ellos», se quejan. De hecho, la mayoría todavía no ha podido volver a vivir en sus casas por culpa del fango acumulado tras las lluvias del 28 de septiembre.

Pero no todos se encuentran en las mismas circunstancias. El único vecino que quiso dar su nombre para este reportaje, Hilario Hernández, afirma que lleva 12 años con una casita en su terreno. Reconoce que es ilegal pero espera no quedarse sin ayuda, ya que, «tenemos mucho trabajo invertido aquí y en las últimas lluvias han muerto 30 gallinas», señaló.

Otro vecino, casado y con dos niños, vive en una caravana, a la espera de acceder a su vivienda. Su caso es distinto. Su casa tenía que haber sido derribada el 11 de julio pero un escrito a la jueza «paralizó la demolición, aunque cualquier día pueden presentarse», precisa.

En 2006, comenzó a construir su vivienda, «y ya estaba rodeado de casas. Este era el sueño de mi vida, y ahora me la quieren tirar, cuando a mi alrededor hay casas y naves con permisos», asegura este vecino, que está condenado a dos años de prisión por la construcción de su casa, una pena que le ha sido conmutada por cuatro años de libertad condicional.

Nueve viviendas con orden de demolición. Sobre esas casas pesan expedientes sancionadores y de restablecimiento de la legalidad urbanística, que se vienen tramitando desde hace unos 10 años. En estos momentos, de los 13 expedientes, nueve se han resuelto con orden de demolición; cinco resoluciones judiciales son firmes y las otras cuatro están recurridas.

El Ayuntamiento asegura que «no está permitida ninguna construcción en terreno inundable» y recuerda que si hay construcciones en la zona sin expedientes abiertos, éstos llegarán porque «todas deben someterse a la ley».