Casi 200 casas de Antequera de la zona de El Pontón, la que reúne más viviendas irregulares de la localidad, no podrán acogerse al decreto de la Junta de Andalucía para regularizar su situación. Así, lo confirmó el concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de esta localidad, José Ramón Carmona, que especificó que al contar esta zona con una ley de protección especial del suelo y además encontrarse en suspensión por parte del ente autonómico hace imposible que puedan acogerse a este sistema de regularización.

Esto provoca que haya unas 190 viviendas que por estar en suelo no urbanizable no tienen acceso a redes de saneamiento o luz. Carmona explicó que van a negociar con la Junta la posibilidad de quitar esta protección mientras se levanta la suspensión de suelo recogida en el Plan General de Ordenación Urbana aunque como apuntó el arquitecto municipal, Antonio Villalón, no es un trámite fácil ya que «hay que demostrar, o bien que esos valores de protección ya no existen o que hay un interés público para esa razón».

Carmona quiso recordar que hay una treintena de suelos recogidos en el PGOU de Antequera que siguen pendientes de que la Junta levante la suspensión. Aún así el edil de Urbanismo matizó también que esta ley de protección de suelo se firmó en el año 86 cuando las viviendas ya estaban construidas en esta parte de la ciudad. Por otro lado, otras zonas de la localidad que cuentan con viviendas aisladas en situación de irregularidad y cuyo expediente supera los seis años como Las Lagunillas, Puerto del Barco o La Higuera sí podrán acceder a los trámites necesarios para contar con la licencia de ocupación o de asimilado, uno u otro documento en función de las circunstancias particulares de cada vivienda.

Para acceder a estos trámites tendrán que contar con una serie de requisitos de los que informarán en el área de Urbanismo del Ayuntamiento. Es un proceso complejo pero que permitirá a los propietarios inscribir su casa en el registro municipal de vivienda. En concreto se trata de dos fases en las que se piden una serie de documentos y la visita de los técnicos y peritos municipales. Los costes, según los casos, pueden superar los 300 euros.

Asimismo, destacaron que técnicos del Ayuntamiento están también contabilizando el número de viviendas irregulares que hay en la ciudad y que además harán inspecciones periódicas para evitar la construcción ilegal de casas.