El alcalde de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza), tiene una nueva cita con los tribunales el 6 de junio. Esta vez será juzgado por siete presuntos delitos de prevaricación y tres contra la ordenación del territorio por permitir, presuntamente, varias construcciones en zona no urbanizable. En concreto, para el regidor se pide un año de prisión y diez de inhabilitación por cada prevaricación y nueve meses de cárcel y multa por el segundo de los ilícitos, según la petición de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.
Junto a él se sentarán su teniente de alcalde, Francisco Soto, la dueña de una inmobiliaria y amiga del regidor, una aparejadora y doce vecinos de Tolox, diez de ellos extranjeros -ingleses en su mayoría-. Éstos se enfrentan a seis meses de cárcel y a multas superiores a los 2.000 euros. Al teniente de alcalde se le piden un año y nueve meses de prisión, una multa y una década de inhabilitación.
En el primero de los casos, una amiga personal del alcalde, que administraba una inmobiliaria, solicitó una licencia para reformar «una vivienda inexistente», dice el fiscal en su escrito, ubicada, por cierto, en suelo no urbanizable común. El 26 de febrero de 2004, añade, Juan Vera «concedió el permiso para rehabilitarla», a sabiendas de su injusticia, puesto que había un informe desfavorable de la Secretaría del Ayuntamiento. Luego, su amiga vendió a un matrimonio inglés la finca, en la que se construyó una casa familiar con porche y piscina. La arquitecta técnica acusada emitió el certificado final de obra.
En el segundo de los casos relatados por el fiscal, el alcalde y su mujer otorgaron una escritura de segregación y venta de 4.000 metros cuadrados de una finca de su propiedad, dice el fiscal. Un matrimonio inglés otorgó «escritura pública de obra nueva afirmando la falsa existencia de una edificación en estado ruinoso, en base a la aportación de un certificado de edificación preexistente, con una antigüedad de 20 años», encargado por el regidor. De hecho, el certificado se refería a otra casa, dice el fiscal.
Luego, el alcalde concedió la licencia para reformar una vivienda «inexistente», construyéndose el matrimonio una casa de 150 metros cuadrados, piscina y sótano. Pese a que la Guardia Civil informó al regidor de la denuncia, éste no ordenó inspección alguna, siempre según la Fiscalía.
En el tercer supuesto, el alcalde y su mujer otorgaron un contrato privado de compraventa con una pareja inglesa de una finca de 3.000 metros segregada de la de su propiedad, en la que Vera iba a construir una casa de labor. Éste pidió personalmente, dice el acusador público, una licencia para edificar un almacén de aperos, que otorgó su teniente de alcalde, Francisco Soto. Finalmente, se levantó una casa en suelo no urbanizable, añade el ministerio público.
En el cuarto hecho objeto de acusación, el regidor y su mujer vuelven a otorgar una escritura de segregación y venta de una finca de 3.200 metros cuadrados, calificada como suelo no urbanizable. En este caso, la pareja estaba formada por una española y un extranjero. Éstos solicitaron licencia para hacer un almacén de aperos, pero finalmente levantaron una casa de dos plantas, relata la Fiscalía.
Los otros tres casos tienen una naturaleza similar y todos ocurrieron en 2003 y 2004. En otro de los asuntos, una vecina vende a otra pareja inglesa un suelo calificado como no urbanizable. Pidieron licencia para hacer un almacén de aperos, pero lo que se levantó fue una casa.
El juicio se celebra el 6 de junio en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga. Algunos de los ingleses acusados fueron asesorados por abogados en las diversas operaciones urbanísticas.
