20 de junio de 2013
20.06.2013
Tribunales

El Supremo amplía un mes el plazo para la sentencia del caso Troya

La complejidad del caso y el volumen de la documentación en el presunto delito urbanístico de Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande, las razones

20.06.2013 | 13:09

La complejidad del caso Troya, donde se investigan irregularidades urbanísticas en Alhaurín el Grande y que llevó a la condena de su alcalde Juan Martín Serón (PP) ha llevado al Tribunal Supremo a ampliar el plazo para dictar sentencia.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha prorrogado un mes el término para dictar sentencia en el recurso presentado por el regidor, que pide la absolución, según el auto, al que ha tenido acceso Efe.

En los razonamientos jurídicos se explica que dicha decisión ha sido tomada por la complejidad del tema que es objeto de estudio así como por el volumen de la documentación.

Debido a ello, se prorroga el término ordinario de diez días para dictar sentencia, establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por un mes.

El recurso de casación, presentado por infracción de ley, fue revisado el pasado 4 de junio en la Sala de lo Penal del alto tribunal bajo la presidencia del magistrado Antonio del Moral y durante el mismo el fiscal defendió las pruebas contra el alcalde.

En este sentido, el ministerio público mantuvo que el testimonio del constructor a quien el alcalde de Alhaurín el Grande pidió 122.000 euros a cambio de una licencia, y varias conversaciones grabadas bastan para confirmar su condena de cohecho.

Por otra, su defensa argumentó que se había producido indefensión porque se le había penado por un hecho en el que no estuvo nunca imputado, a lo que sumó que las pruebas no bastaban para destruir su presunción de inocencia.

Martín Serón siempre ha mantenido su inocencia y no ha dimitido de su cargo (cuando conoció su condena en enero del 2012 dijo que apelaría y que entre tanto no abandonaría el puesto porque sería de "cobardes"), de modo que si el Supremo confirmara la pena se vería obligado a hacerlo.

En la sentencia de la Audiencia de Málaga la Sala consideró que no había quedado acreditado que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, entre el 2002 y el 2006, funcionara una trama cuyo objeto era obtener el enriquecimiento personal ilícito de Martín Serón y el otro condenado, el concejal de urbanismo, Gregorio Guerra, pero si consideró probado un delito de cohecho.

La trama consistía, según el fiscal, en exigir la entrega de ciertas cantidades de dinero a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados en realizar alguna construcción y que, por tanto, tenían que solicitar la preceptiva licencia municipal de obras.

La Sala no consideró acreditados los restantes delitos de cohecho porque ningún empresario o promotor reconoció en el juicio haber efectuado pago alguno a los acusados para la obtención de las licencias.

En cuanto al delito de cohecho acreditado, la sentencia señaló que el concejal de Urbanismo, de común acuerdo con el alcalde, venía "exigiendo con insistencia" al menos desde mayo del 2006 al empresario J.B.L. el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para la construcción de un edificio.

Tales hechos se consideraron probados "en base a prueba, tanto directa como indirecta", la primera de ellas por la declaración como testigo del empresario al que le exigían el pago.

El juicio se inició contra una veintena de procesados por los delitos de cohecho, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio pero, posteriormente, el fiscal retiró la acusación contra dieciocho acusados, y decidió mantenerla contra el alcalde y el edil de Urbanismo.

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