Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande (PSOE e IU) han denunciado hoy que el alcalde, Juan Martín Serón, intenta "burlar a la Justicia" y no cumplir la sentencia que le condena a un año de suspensión en el cargo por cohecho.
En un comunicado conjunto, PSOE e IU señalan que tanto el alcalde como el concejal Gregorio Guerra -condenado a la misma pena de un año de suspensión y 200.000 euros de multa- "siguen ostentando su cargo público".
Martín Serón, que se dio de baja en el PP después de que el Tribunal Supremo ratificase la condena, firmó un decreto el pasado día 18 en el que nombra alcaldesa a la primera teniente de alcalde, Antonia Ledesma (PP), para que le sustituya durante diez días, tras lo que se reincorporará a sus tareas.
En ese decreto se señala que Martín Serón "precisa ausentarse con frecuencia" del Ayuntamiento y el municipio por la "disponibilidad prácticamente exclusiva que temporalmente, por plazo no superior a diez días, le requieren y precisan las gestiones tanto personales como jurídicas" a abordar con carácter previo y a fin de cumplir la sentencia.
La oposición califica estos hechos de "inaceptables" porque ponen de manifiesto que el alcalde "se sirve del engaño y la mentira para, una vez más, intentar burlar a la Justicia", e insta al PP a que exija a Martín Serón y Guerra que dimitan y entreguen sus actas de concejales.
Según denuncian, el concejal Gregorio Guerra "sigue asistiendo al Ayuntamiento con total normalidad" y está convocado al pleno del próximo viernes.
El coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, ha enviado hoy una carta al subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, en la que le pide que vele por el cumplimiento de la legalidad en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, "evitando cualquier movimiento alejado de la normativa vigente".
Castro expresa su preocupación por el "sistema" que Martín Serón está utilizando para acatar la sentencia y considera una "auténtica tomadura de pelo" el decreto firmado por el alcalde en el que delega diez días las competencias.
El Tribunal Supremo confirmó hace dos semanas la condena a Serón a un año de suspensión de empleo o cargo público y a 200.000 euros de multa, porque considera probado que él y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, exigieron un pago de 122.000 euros a un constructor como contrapartida para darle una licencia de obras.
Ambos habían sido acusados de trece delitos de cohecho por el Ministerio Fiscal, pero de esas imputaciones les absolvió la Audiencia de Málaga.
