Izquierda Unida mostró ayer su preocupación al subdelegado del Gobierno de Málaga por la actitud que el todavía alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, creen que está mostrando ante la reciente sentencia que le inhabilita a ejercer su cargo durante un año por un delito de cohecho en el caso Troya. En una carta firmada por el coordinador provincial, José Antonio Castro, la coalición solicita a Jorge Hernández Mollar que vele por el cumplimiento de la legalidad en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, «evitando cualquier movimiento alejado de la normativa vigente».
En la misiva, Castro explica que Martín Serón ha delegado durante diez días en la teniente de alcalde las competencias y funciones de la alcaldía debido a «que para llevar a debido efecto y acatamiento la sentencia referida el titular de esta alcaldía precisa ausentarse con frecuencia del ayuntamiento e inclusive del término municipal motivado por la disponibilidad prácticamente exclusiva que temporalmente, por plazo no superior a diez días, le requieren y precisan las gestiones tanto personales como jurídicas a abordar con carácter previo y a fin de dar cumplimiento a la sentencia», según señala el propio decreto firmado por Serón el pasado 18 de octubre. «Desde nuestro punto de vista, y al margen de manifestaciones públicas de intolerables ataques a la justicia y de enaltecimiento de figuras condenadas con esperpénticos actos, no se ajusta a derecho la forma en la que Juan Martín Serón ha anunciado su manera de acatar la sentencia, dejando claro que seguirá siendo él el que tome las decisiones en el municipio hasta que pase el año de suspensión a la que ha sido condenado», abundó el líder de Izquierdo Unida en la provincia de Málaga, quien considera que «se está perpetrando un engaño a la ciudadanía y una burla a la justicia». «¿Qué ocurrirá cuando acabe el plazo de diez días?», apostilló José Antonio Castro.
La preocupación de IU con este tema se extiende también al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, también condenado por el mismo caso, ya que aseguran que «sigue siendo convocado a las reuniones de organismos y comisiones como si nada hubiera pasado hasta el punto de que «está convocado a participar en el pleno del próximo viernes».
La concejala de Izquierda Unidad Teresa Sánchez calificó los hechos de muy graves, ya que el equipo de gobierno sigue funcionando como si no hubiera existido una condena que obliga a los munícipes a dejar sus cargos durante un año.
