La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Dogamor', contra la reproducción y multiplicación ilegal de variedades vegetales protegidas, ha imputado a un empresario y dos agricultores por un supuesto delito contra la propiedad industrial por un presunto fraude en genética vegetal, así como a un agente de la Policía Local de Campillos por un presunto delito de revelación de secreto.
La operación se inició en noviembre de 2013 como raíz de la denuncia de Geslive, entidad formada por empresas privadas y centros públicos, dedicada a la investigación y desarrollo de nuevas variedades vegetales, en la que informaba de la existencia de una empresa de fitosanitarios ubicada en Campillos que podría estar dedicándose al comercio ilegal de semillas protegidas, con lo que ocasionaba "un grave perjuicio para el desarrollo agrario y económico de la sociedad".
Durante la investigación se han realizado varias inspecciones abarcando todo el ciclo de siembra hasta su germinación, ya que, los ahora imputados, "aprovechando que el grano aún no había germinado, intentaban justificar la legal procedencia de las mismas con otra variedad adquirida legalmente, realizando así una operación de blanqueo de las semillas ilegales", según han informado desde la Guardia Civil.
Los investigadores han tomados muestras de semillas y de cereales par su remisión al laboratorio de ensayos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimenticia, y a la Oficina Española de variedades Vegetales para así determinar la variedad de las semillas protegidas, según han señalado, a través de un comunicado.
Así, han indicado que la reproducción y comercialización ilegal de las semillas protegidas contribuye a disminuir la calidad de la semilla y el rendimiento de las cosechas. Estas obtenciones vegetales se encuentran protegidas por la legislación, de tal forma que, según el vigente Código Penal, se recoge como conducta ilícita toda aquella reproducción y comercialización de semillas que no posean un título de obtención vegetal.
Solamente existen dos tipos de semilla legal que puede ser utilizadas por los agricultores: la semilla certificada y la de granja. La primera es aquella producida únicamente por productores autorizados, sujeta a un proceso oficial de control y certificación que se comercializa como tal.
La semilla de granja es la certificada obtenida por el agricultor para su producción y sembrado en su propia explotación agraria sin que pueda ser objeto esta semilla de comercio ni utilización en otras explotaciones agrarias.
Desde la Guardia Civil han recomendado a los agricultores que adquieran sus semillas a través de los cauces legales, bien por la compra de semilla certificada o duplicidad de su propia semilla --semilla de granja--, a través de agentes autorizados para ello. De esta manera se podrán conseguir mejoras tanto en la calidad de la semilla como en la producción de las cosechas.
Por tanto, han destacado la importancia de "respetar y cumplir las normas sobre la producción y comercialización de las semillas para contribuir a que se siga desarrollando una labor investigadora en aras de conseguir unas mejores semillas que repercutan en el incremento de la producción y la calidad de las mismas, de los que serían beneficiarios los agricultores y la sociedad en general".
El Seprona llevará a cabo durante la próxima campaña de siembra una operación contra la producción y el comercio ilícito de especies vegetales. Se comprobará que tanto los almacenes de distribución de semillas y granos como los agricultores, utilizan simiente legal, es decir, semilla certificada o de granja
