Aparece de nuevo el nombre de Ángel Sánchez Blanco ligado a acontecimientos relacionados con Alhaurín el Grande. En esta ocasión, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga que ejerció como perito en defensa del exalcalde del municipio Juan Martín Serón, aparece ahora como firmante de un informe encargado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande para que valore la legitimidad de la moción de censura que se presentará en el pleno extraordinario de hoy.

Especialmente, con el foco puesto a disipar en qué rango se encuentra la única concejala del PP, María Fernández, después de su expulsión por parte de la dirección provincial de su partido. En el informe, al que ha tenido acceso este periódico, aparece como solicitante del mismo la concejalía de Economía del Ayuntamiento. Después de tener en cuenta lo que dictamina el comité de Derechos y Garantías del PP y estudiar casos similares en otros municipios, Blanco llega a la conclusión que se debe considerar a Fernández como tránsfuga.

«Al no determinar la ley los motivos por los que se haya dejado de pertenecer al grupo político municipal, la pérdida de la pertenencia por razón disciplinaria interna del partido político, que conlleva la expulsión del partido, al ser causa de pérdida de la adscripción al grupo político municipal, es caso de transfuguismo». Con la legitimidad de la moción de censura convertida en un constante ida y vuelta de interpretaciones, el informe de Blanco respalda la postura de la todavía alcaldesa, Antonia Ledesma, que siempre ha vaticinado que el vuelco en el gobierno municipal no se iba a producir.

De esta manera, unos cuatro años después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena por cohecho a Martín Serrón, Ledesma utilizará de nuevo un informe que lleva la firma de Blanco para defender sus intereses y los de Por Alhaurín. Cabe recordar que Blanco, en función de su papel como perito del Ayuntamiento, dejó escrito en su día que «no observa ninguna anomalía que llame especialmente la atención» en relación a los convenios urbanísticos que más tarde iban a constituir la base para la condena a Martín Serón.

Aunque con los papeles cambiados, después de un cambio de criterio, Blanco también suscribió un informe que avaló las tesis defendidas por el fallecido Jesús Gil, entonces aún en calidad de alcalde, cuando éste trató de buscar respaldo para sacar adelante su polémico Plan General de Ordenación Urbana para el municipio de la Costa del Sol. En el pleno extraordinario convocado para hoy, y que está llamado a adquirir tintes ásperos, Ledesma también cuenta a su favor de otro informe. En este caso, el que elaboró la secretaria general del Ayuntamiento. La habilitada nacional, en una valoración no vinculante, también declaró a Fernández como tránsfuga.

Por su parte, en un comunicado emitido de forma conjunta, los grupos municipales PSOE, IU, ASALH y PP defendieron de nuevo la legitimidad de la moción. «Consideramos que la situación de la concejala del Partido Popular no ha variado, por cuanto no ha sido ni siquiera notificada de la apertura de un expediente disciplinario, no ha abandonado el grupo al que pertenece y no ha sido comunicado al pleno su posible paso como concejala no adscrita».

En este sentido, los grupos de la oposición también se agarran a un precedente reciente. En mayo de 2013, el PSOE expulsó al ahora portavoz de ASALH, Antonio Bermúdez. Entonces, la dirección provincial consultó al Ayuntamiento para conocer cuál era la condición en la que se encontraba el edil. La misma secretaria que ahora considera tránsfuga a Fernández, estableció que aquellos concejales expulsados o que abandonan «su grupo de procedencia, mantienen la condición de concejal». La propia Ledesma comunicó al PSOE que «los concejales que concurrieron a las elecciones lo hicieron en calidad del «grupo político municipal socialista» y no del partido.