El futuro político en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande está en manos de los tribunales. Como era de esperar, la oposición en bloque confirmó ayer que registró el pasado lunes una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga. Consideran de forma unánime que el pasado 25 de enero, día en el que se celebró el pleno extraordinario para votar la moción de censura presentada contra la alcaldesa, Antonia Ledesma, se vulneraron sus derechos fundamentales al impedir que se sometiera a sufragio dicha moción. «Este pleno intentó terminarse de forma unilateral por el partido de Por Alhaurín, cuyos concejales, prácticamente, salieron huyendo del salón de plenos», explicó la portavoz de IU, y designada por la oposición para encabezar el Ayuntamiento, Teresa Sánchez.
Con este paso dado, la oposición quiso confirmar su intención de seguir adelante con su idea de desbancar a Ledesma de la alcaldía. «Con esta demanda, además de salvaguardar nuestros derechos, dejamos claro que no vamos a renunciar a presentar la moción de censura. Nuestro objetivo es claro y trabajamos para la regeneración política en Alhaurín el Grande». En este sentido, Sánchez, que estuvo acompañado en rueda de prensa por los concejales de los otros grupos, cargó de nuevo contra Ledesma, a quien señaló como la cabeza de «un proyecto que fue engendrado por la corrupción de Juan Martín Serón». «Los vecinos votaron un cambio en el pueblo porque están hartos de que sean siempre los mismos que trabajen en el Ayuntamiento», añadió.
Mesa de edad
Para que la moción, finalmente, pueda seguir adelante es clave que un juez apoye la teoría de la oposición, según la que Marina Maldonado, edil socialista, es la edil que debe presidir la mesa de la edad. Esto le permitiría inclinar la balanza de la mesa de edad con el voto de calidad y se podría votar la moción. Con la presentación de esta demanda judicial, que esperan se resuelva en unos seis meses como mucho, según explicó la edil de IU, «salvaguardamos nuestros derechos fundamentales». La demanda, detalló, no va contra nadie: «los jueces decidirán quién o quiénes son los responsables».
Según Sánchez, que se mostró optimista, la oposición no valora que esta demanda «se pierda porque tenemos claro que nuestros derechos fueron boicoteados, vulnerados y estamos convencidos de ello».
