Han pasado tres semanas desde que Carmen Quirós, una vecina de Antequera, vio como se paralizaba su desahucio. Amigos y vecinos se presentaron a las puertas de su vivienda de la barriada García Prieto el pasado 7 de febrero para mostrarle su apoyo y felicitarla, cuando los servicios jurídicos del Ayuntamiento le comunicaron que habían acordado con la entidad bancaria la paralización de lanzamiento, mientras tanto se negociaba un alquiler social durante un mes.

Pero el tiempo pasa y sigue sin saber nada. Por eso ayer se plantó a las puertas del Ayuntamiento con el fin de tener al menos, la confirmación de aquella medida. «Bankia no me ha dado una respuesta. Ni en positivo ni en negativo. Se me pasa el tiempo. No sé a qué me enfrento el día 7», manifestó junto a la Casa Consistorial, acompañada por miembros del círculo local de Podemos.

Según dio a conocer esta vecina, de 65 años, los servicios jurídicos del Ayuntamiento le aseguran que hay «buenas perspectivas», para darle una solución satisfactoria que podría llegar en cualquier momento, pero no se le quita la incertidumbre al ver como se va a acercando el límite del plazo dado. «Tengo las cosas embaladas. Tengo mi casa desarmada», subrayó.

Carmen espera que cuanto antes la Administración local le ratifique que puede seguir en su casa a cambio de un alquiler social de forma vitalicia. Según admitió, el importe le supondría una cuarta de la pensión de jubilación. Optar por otra opción pagando una renta normal lo ve prácticamente imposible. «A precio de mercado, o pago piso o como. ¿Y dentro de cuatro o cinco años que me lancen otra vez? No me quiero a exponer a eso», comentó.

A pesar de la incertidumbre, Carmen intenta ver el lado positivo de lo vivido en las tres últimas semanas. Como aseguró, hoy en día ya hay algo bueno a lo que aferrarse, «porque antes sólo era negativo: esperar al lanzamiento».

El día del desahucio, la vivienda no tenía electricidad. El suministro estaba cortado por impagos. Sin embargo, actualmente Carmen vuelve a tener línea, pero no gracias a la compañía: «Como tengo ese derecho constitucional, me he puesto la luz». La mujer admite que hace unos días pagó 30 euros a un electricista para que le volviera a enganchar de manera ilegal, una situación que aseguró que se ha visto obligada. «No podemos estar sin energía y más con la espada de Damocles del desahucio», sentenció.