Agentes pertenecientes al Equipo de Investigación del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Málaga han procedido a la investigación judicial de hasta 35 personas, entre promotores y constructores, por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, tras llevar a cabo la edificación de inmuebles ilegales en suelo no urbanizable en la localidad de Villanueva de la Concepción, situada en la comarca de Antequera. Así lo manifestó ayer la propia Guardia Civil en un comunicado de prensa, en el que se informó sobre el avance de la denominada operación Oca.
En este sentido, la investigación se inició en febrero del pasado año 2015 a raíz de la denuncia interpuesta por uno de los anteriores alcaldes, concretamente el independiente Ernesto Silva, el cual cargaba contra el regidor entrante y que aún sigue al frente del Ayuntamiento, Gonzalo Sánchez, por la «falta de diligencia en la resolución de los expedientes urbanísticos iniciados durante su legislatura» y que habrían quedado paralizados con la actual corporación municipal.
Así, los agentes llevaron a cabo numerosas inspecciones urbanísticas y analizaron más de 8.000 documentos relacionados con los expedientes, en los que se pudo comprobar cómo después de julio de 2010, por parte de algunos funcionarios municipales, se formularon numerosas denuncias en materia de urbanismo que fueron calificadas por el secretario del Consistorio como de «sorprendentes».
Sin embargo, se comprobó que por parte de ambos alcaldes se había hecho «dejación voluntaria y consciente de sus facultades de disciplina urbanística, provocando que los expedientes sancionadores y de reposición de la realidad urbanística incoados terminasen sin resolución o sin imposición de sanción alguna o medida de restablecimiento del orden jurídico perturbado, permitiendo de este modo que las diversas construcciones ilegales en suelo no urbanizable permanecieran sin alteración ni sanción alguna, pese a tener conocimiento de las ilegalidades que se estaban cometiendo», sostiene el comunicado de la Guardia Civil.
La investigación ha sido llevada a cabo bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, quien ha interpuesto una querella contra los dos regidores de la localidad por un supuesto delito de prevaricación por omisión.
Desde el Seprona de la Guardia Civil recordaron que la realización de una construcción careciendo de la preceptiva licencia y otros permisos o en suelos donde no esté permitido por los planeamientos urbanísticos u otras figuras que lo protejan está enmarcado en el vigente Código Penal como delito contra la Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente, que además de los graves daños al entorno que la misma puede producir, también puede acarrear sanciones penales y la restitución del bien jurídico protegido, que podría llegar a la demolición de lo construido.
De igual forma, la Benemérita destacó la importancia de la cautela que deben guardar los futuros compradores y promotores a la hora de elegir el emplazamiento de compra o futura construcción, debiendo solicitar en su Ayuntamiento toda la información sobre la propiedad y las licencias y otras autorizaciones necesarias a obtener, ajustándose a lo proyectado por los técnicos.
El actual alcalde de Villanueva de la Concepción aseguró ayer a La Opinión de Málaga estar «totalmente tranquilo», pues, según sostuvo, nunca ha dado una licencia de obra sin contar con los permisos y la documentación de técnicos y arquitectos.
Además, destacó la colaboración que desde el Ayuntamiento han mantenido con el Seprona, aportando toda la documentación necesaria, a la vez que reconoció que la información conocida ayer ya la esperaban, pues se trata de un proceso iniciado hace dos años.
