El exjefe de la Policía Local de Coín, acusado de un delito de malversación de caudales, por, supuestamente, quedarse con dinero de unos cursos para agentes que él mismo organizó, ha negado los hechos ante el jurado popular que lo juzga desde ayer y aseguró que liquidó «todo, económica y moralmente». «Yo no he distraído nada en absoluto», manifestó. El fiscal solicita inicialmente que se imponga a este acusado, Miguel G.G., la pena de cuatro años y medio de prisión, al acusarlo de «apropiarse de las cantidades abonadas por las personas que participaron en los cursos en concepto de inscripción», tras lo que hizo dos «irregulares» en una cuenta del Ayuntamiento, aunque se distrajeron un total de 4.338 euros.

El procesado explicó que puso su número de cuenta en los folletos de los cursos porque desde la Intervención del Ayuntamiento le dijeron que no podía abrirse una a nombre de la Escuela de Policía Local de Coín ya que no tenía presupuesto propio, afirmando que «no lo hice de forma intencionada, sino de buena fe para que los cursos pudieran seguir adelante».

Reconoció que «no tenía un control al dedillo» de todos los ingresos que se le hacían en la cuenta, que era la de sus gastos corrientes; pero aseguró que tras los cursos liquidó todo con el Ayuntamiento, considerando que el informe del perito, en el que se señala, además de que los gastos de papelería son «excesivos», que se detrajeron 4.338 euros, «está mal». Al respecto, apuntó que, incluso, ingresó 2.000 euros de más en la cuenta del Ayuntamiento, aunque añadió: «A mí no me debe nadie nada, pero yo tampoco debo nada». Insistió en que los ingresos los hizo antes de cualquier investigación y no después, como dice el fiscal.

Asimismo, defendió que él pasó a ser personal laboral fijo, aunque admitió que sigue teniendo su plaza en la Policía Local de Coín después de once años prestando servicio en la de Málaga; al tiempo que señaló que no tenía por qué quedarse con dinero, porque «estrecheces no pasaba», aunque tuvo números rojos en esa cuenta, según la acusación pública. También aludió a que no hubo problemas «hasta que llegó la gente de la UGT -sindicato personado como acusación particular- queriendo meter el dedo en el ojo a cualquiera que hiciera cursos». De hecho, su abogado dijo que este caso parte de una denuncia de dicha organización sindical como «vendetta política».