La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía confirmó ayer que ya ha acogido a siete menores procedentes de la cárcel de Archidona, adaptada provisionalmente como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Estas personas ya están incluidas en el servicio de protección del Gobierno de la región.

De esta forma, se suman otros cinco menores a los dos ya confirmados el pasado 14 de diciembre por el delegado de la Administración autonómica en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia, Luis Vargas, durante un Foro Provincial de la Inmigración.

Vargas señaló entonces que «si a lo mejor había dudas de que hubiera algunos más es porque se les estaba haciendo las pruebas que se hacen en estos casos» e indicó que en el momento que se sabe, «tanto la propia autoridad policial a cargo de la vigilancia del centro como las entidades lo están diciendo».

En este sentido, la Red Española de Inmigración pidió ayer la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras confirmarse la presencia de siete menores en la prisión. En un comunicado, recordaron que ya alertaron el 23 de noviembre de la existencia de varios menores y la necesidad de que pasasen bajo tutela de la Junta.

El presidente del colectivo señaló que «el ministro no puede seguir en su sitio tras confirmarse que se ha mentido de forma tan grave y evidente». «Desde el primer momento alertamos que esta situación, como avisamos de las irregularidades en el traslado, reubicación, expulsión sumaria y graves incumplimientos de las garantías básicas en tutela de derechos humanos», añadió.

Los sindicatos CCOO, UGT y Acaip se concentraron ayer a las puertas de la cárcel de Archidona, donde reclamaron que la infraestructura se abra como centro penitenciario y volvieron a rechazar su uso provisional como Centro de Internamiento de Extranjeros. Concretamente, más de 300 personas formaron parte de la protesta.

El secretario general de Andalucía de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Agustín de la Cruz, apuntó que «no es la cárcel el lugar al que tienen que ir estas personas, sino donde estén perfectamente atendidas. Vamos a pelear hasta que se abra como centro penitenciario y que los inmigrantes sean atendidos en el sitio que les corresponde, no en una prisión».

Asimismo, la secretaria general estatal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Silvia Fernández, apuntó que 250 funcionarios se tenían que haber incorporado ya a la cárcel de Archidona. «Tenemos más de 50 módulos sin abrir y centros penitenciarios sin inaugurar, y eso supone un problema porque necesitamos todos los espacios penitenciarios para clasificar bien a las personas privadas de libertad, para que los perfiles diferentes no ocupen los mismos espacios, lo que puede aumentar la conflictividad en el interior de las cárceles», reconoció.

De igual forma, el responsable federal de Prisiones de FeSP-UGT, Antonio González, afirmó que el ministro del Interior falta a la verdad. «La prisión de Archidona existe y él dice que no se trata de un centro penitenciario. En el BOE del 18 de marzo se publicó la creación del Centro Penitenciario Málaga II, por lo que está jurídica y formalmente conformada, no se puede utilizar para un CIE», matizó.

«La normativa específica, el Real Decreto 162/2014 que regula el funcionamiento interno de los CIE, prohíbe en su precepto número 1 de forma taxativa que puedan ser utilizados centros penitenciarios para albergar Centros de Internamiento de Extranjeros», recalcó.

Por su parte, la delegada sindical del Área Sanitaria Norte de Málaga de FeSP-UGT, Concepción Quintana, reconoció que «las condiciones higiénico-sanitarias en las que están los internos son lamentables. Hemos atendido a 26 personas en Urgencias, lo que significa que hemos tenido ambulancias a diario durante seis horas fuera de su sitio, dejando a la población sin asistencia sanitaria».

Por último, el presidente de Acaip, José Luis Pascual, lamentó la «falta de cordura y falta de planificación del ministerio del Interior».

A última hora ayer, el portavoz de la plataforma contra el CIE de Archidona, Daniel Machuca, denunció la salida de dos autobuses de la cárcel para efectuar otra expulsión de inmigrantes. Según Machuca, la familia de uno de los menores asegura que éste se encuentra entre los trasladados a un barco que partiría esta misma mañana, algo que sería ilegal, por lo que esperan que se pronuncie la Comisión de Protección del Menor de la ONU.