La decisión de internar en noviembre en la prisión de Archidona a más de medio millar de inmigrantes que entraron de forma irregular al país por las costas de Murcia le estalló ayer en la cara al Gobierno con el suicidio de un joven argelino de 36 años que fue hallado ahorcado con una sábana. Por mucho que la medida fuera avalada por siete juzgados murcianos, el incidente dejó muda a la administración y ningún representante del Gobierno fue capaz de dar la cara. La solución pasó por un breve comunicado de la Comisaría Provincial de Málaga a pesar de que hasta ahora era el Ministerio del Interior el único canal oficial para, a cuentagotas, saber lo que ocurre en esa cárcel. La nota ni siquiera hablaba de suicidio, sólo de una investigación en curso para esclarecer las circunstancias de la muerte del interno en una «habitación» del «CIE provisional», cuando los hechos ocurrieron en una de las celdas de la prisión todavía sin inaugurar.

Los eufemismos no evitaron una catarata de reacciones para que se ponga fin a una medida que muchos consideran ilegal, ya que ley establece que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no pueden tener carácter penitenciario. La Junta de Andalucía, a través del delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, calificó la situación de «insostenible» por su gravedad y por los incidentes de las últimas semanas, ya que las denuncias de varias organizaciones han permitido detectar a nueve menores (también lo prohíbe la ley) entre los internos que han tenido que ser acogidos por la administración andaluza. Ruiz Espejo explicó que la cárcel no reúne las condiciones necesarias para alojar a estas personas y que se ha creado «una situación que no se puede tolerar». «Esperamos una investigación transparente en la que se cuente también con la versión de las personas recluidas en el centro», añadió. El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, pidió «justicia» e indicó que su organización lleva semanas «denunciando la grave vulneración de los derechos humanos que está cometiendo el gobierno reteniendo a personas en la prisión por no tener papeles». La senadora de Podemos, Isabel Mora, calificó el incidente de «desgracia anunciada» dada la situación «límite» en la que se encuentran. «Están metidos en una cárcel y tratados de una manera absolutamente inhumana», añadió Mora, quien visitó recientemente el centro y comprobó cómo los internos se quejaban de falta de comida y ropa y las dificultades de comunicarse con sus familiares porque no tenían acceso a teléfonos.

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado fue más allá y pidió la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, además de una «investigación inmediata» para aclarar lo sucedido. El presidente de la Red, Daniel Méndez, explicó que esta situación es «consecuencia directa de la opacidad, desesperación y plena inoperatividad de un centro y un personal que no está preparado para lo que está sucediendo». «El ministro, su secretario de Estado y la cadena de mando responsable debe asumir su responsabilidad y dimitir inmediatamente», añadió.

La Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (APDH-A), por su parte, indicó: «Hay veces que, ante unas circunstancias mal gestionadas de principio a fin, y somos ampliamente generosos con esta denominación, hay consecuencias sobre los derechos fundamentales más básicos de las personas».

El portavoz de la Plataforma contra el CIE de Archidona, Daniel Machuca, trasladó su preocupación «por las pocas posibilidades que nuestro equipo jurídico tiene para acceder a la información del interior de la cárcel», al tiempo que recalcó que algunos de los internos ya habían alertado de que «antes de volver a Argelia eran capaces de hacer cualquier cosa».