El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Archidona acordó ayer archivar de manera provisional la causa abierta por el fallecimiento de un inmigrante en el Centro Penitenciario Málaga II del municipio, utilizado temporalmente como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), al descartarse la participación de otras personas y ser la muerte de naturaleza suicida.
Así consta en un auto, dictado tras analizarse el atestado policial realizado por el grupo de homicidio de la Policía Nacional, el avance de autopsia e imágenes de las cámaras de seguridad.
Con estos elementos, el juez determina que no ha quedado justificada «la perpetración de hecho delictivo alguno», a expensas del informe definitivo de la autopsia, momento en el que se adoptará la resolución de mantenimiento del archivo o la reapertura de las actuaciones.
En el auto se recoge que el atestado de la policía certifica que nadie acudió a la celda del inmigrante, de hecho, se indica que la puerta no se abrió y las cámaras no registraron movimiento alguno en el módulo ni en la habitación, lo que descarta la existencia de testigos y también la participación de otras personas en la muerte.
A esto se unen los informes preliminares de autopsia donde se habla de una muerte por asfixia mecánica por ahorcadura y «no hay signos externos de violencia ni defensa», lo que lleva al juez a señalar que se trata de una muerte «de naturaleza suicida».
Asimismo, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Fiscal, el juez ha denegado las medidas cautelares pedidas por las partes personadas, que habían solicitado que declarasen como testigos el resto de inmigrantes y que se paralizase cautelarmente su expulsión de España.
Al respecto, entiende que tanto el amplio atestado de la policía como el informe preliminar de la autopsia hacen innecesarias dichas pruebas, «toda vez que del atestado se desprende con meridiana claridad que no existen testigos de los hechos investigados» y que «ni las cámaras revelan que exista sujeto alguno con participación en los hechos o con conocimiento de lo acaecido».
Agentes de la Policía Nacional localizaron el pasado día 29 de diciembre el cuerpo sin vida de Mohamed Bouderbala, un hombre de 36 años y nacionalidad argelina que había llegado a la cárcel de Archidona después de que un juzgado de Lorca (Murcia) dictara un auto con fecha 20 de noviembre en el que autorizaba su internamiento hasta el próximo 18 de enero.
Acusación popular
Antes de conocer la decisión del juez, Izquierda Unida había solicitado personarse como acusación popular. La decisión fue adoptada por el coordinador general de IU, Alberto Garzón; y la diputada por Málaga de la formación, Eva García Sempere.
«Existen elementos que hacen pensar la existencia de una concatenación de conductas irregulares, en el ámbito de la administración pública y las Fuerzas de Seguridad del Estado», argumentan en su escrito. Además, alega que se trata de un caso «de indudable interés público y honda repercusión social». En esta línea, IU dijo apoyar las peticiones de prueba realizadas por la acusación particular de los familiares del fallecido y Andalucía Acoge.
