La titular de Instrucción número 10 de Málaga ha recibido este martes a los padres de la niña Lucía Vivar, desaparecida en la madrugada del 27 de julio pasado y cuyo cadáver fue hallado a primeras horas de la mañana en las vías del tren, y les ha explicado por qué ha rechazado acordar algunas pruebas y que aún no ha decidido si archivar o no provisionalmente el caso, aunque no hay por ahora indicios de la participación de terceras personas.

Los padres de la pequeña de tres años, Almudena y Antonio, que han venido sosteniendo que la muerte de su hija no fue un accidente, han explicado a los periodistas tras este encuentro, en el que han dicho que les han tratado "muy bien", que sobre dicho sobreseimiento provisional solicitado por el fiscal "la decisión aún no está tomada, aunque todo apunta a ello"; señalando que "esperan que haya algo nuevo, si no lo hay, se hará un archivo provisional".

Almudena ha indicado que en general han salido de la reunión "contentos", aunque también "disgustados porque no me gustaría que se archivara", insistiendo en que "no hay una decisión tomada por la juez y si llegan al archivo sería provisional a la espera de nuevos indicios que puedan demostrar lo contrario, entonces se reabriría e investigaría".

La madre de la pequeña ha explicado que la juez les ha incidido en que "ahora en la investigación hacia terceros prácticamente no hay nada que demuestre que haya podido intervenir alguien", sobre lo que la familia le ha insistido en que "se investigara todo lo que no se ha investigado y ella nos ha dado una explicación razonable de por qué no se ha hecho", que es "la no intervención de terceras personas".

Asimismo, ha indicado que la instructora del caso "nos ha dicho que está con nosotros en busca de la verdad, que es lo que nosotros queremos, saber la verdad sea la que sea"; al tiempo que ha insistido en que "nos ha dicho que en todo momento podemos recurrir para que se realicen todas las pruebas, porque intentamos cerrar todas las puertas posibles".

En cuanto a estas pruebas, para los padres es "muy importante" la de la triangulación de teléfonos, que se solicitó por parte de la representación de la familia, "porque si alguien estuvo allí, donde apareció y donde desapareció la niña, y no tendría que haber estado nos gustaría saber si tuvo algo que ver o no, para descartarlo al menos".

Pero, ha apuntado Almudena, "no se va a realizar por el momento porque no hay indicios de que pueda existir una tercera persona, y entonces es como una prueba más en vano, ella nos lo ha explicado así". "Ella nos ha dicho que en todo momento podemos recurrir y si lo tenemos que hacer para volver a pedir más pruebas lo haremos, porque queremos que todas las posibles que haya se practiquen", ha asegurado la madre de la pequeña.

Sobre las imágenes de las cámaras de seguridad de esa noche, la juez les ha dicho "que todo apunta a que es mi pequeña", aunque la madre ha señalado que "la calidad es muy mala"; insistiendo en que "creemos que se podría haber hecho mucho más que no se ha hecho y a lo mejor hoy ya no hay marcha atrás". Sobre el paso del tren, ha afirmado que es algo "más delicado porque no es algo por la vía penal".

Por su parte, el padre ha insistido en que "si esto se cierra es provisional, que en estos días lo decide"; pero ha insistido en que "seguiremos luchando y si tenemos que recurrir, recurriremos, porque esperamos llegar a un final que sea la verdad". Asimismo, los progenitores han apuntado que les ha dicho que "si tenemos que poner una querella estamos en nuestro derecho, si algún trabajo se ha hecho mal y tenemos que pedir responsabilidad, que la pidamos, pero que eso no es su competencia".

La juez, en una providencia dictada hace unos días en la que rechazaba la práctica de determinadas pruebas solicitadas por la representación de los padres, apuntaba que "en las muy numerosas diligencias de investigación practicadas no se desprende indicio alguno de que terceras personas estuvieran involucradas en la desaparición y posterior fallecimiento de la menor".

Según ha indicado fuentes judiciales, la instructora se da un plazo para resolver sobre la petición de archivo provisional de las actuaciones, que el fiscal argumenta, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en que "no consta suficientemente acreditado que los hechos sean constitutivos de un delito de asesinato" y entiende "agotada la investigación", sin perjuicio de que se pueda reabrir el caso si surgen nuevos datos o revelaciones.

Así, sostiene que "de las numerosas exhaustivas diligencias practicadas no resultan indicios" de delito, apuntando que "no hay ningún testigo que aporte datos relevante sobre ello" y tampoco se desprende nada de esto, dice el ministerio público en su escrito, adelantado por el diario 'SUR', de las diligencias realizadas por la Guardia Civil ni en los dictámenes periciales del Instituto de Medicina Legal.