El Ayuntamiento de Coín dio luz verde, en sesión plenaria, al procedimiento judicial que le permita mantener una subvención de la Diputación de Málaga cuyo fin era la construcción de un centro de ámbito comarcal para personas enfermas de Alzheimer. Las instalaciones se emplazan junto a la urbanización Miravalle, pero se encuentran bloqueadas desde hace años.
La medida parte de la información remitida por la Diputación por la que se reclama «el reintegro de la cantidad recibida por el Consistorio para construir el inmueble». El equipo de gobierno del PP presentó ayer ante el pleno la interposición de un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo contra el expediente de reintegro.
En total, la administración provincial liderada precisamente por el PP reivindica 223.000 euros. Pero el gobierno municipal subraya que el acuerdo se remonta a 2008, con el PSOE en el gobierno: «El acuerdo se aprobó sin ninguna garantía porque presentaba deficiencias, ya que no se especifican en el mismo plazos, ni forma de financiación, ni siquiera compromisos concretos por parte de las administraciones implicadas».
Ante esta situación, ya se abrió el expediente de reintegro en el año 2014, ante el cual el Ayuntamiento presentó alegaciones que fueron aceptadas. A partir de ese momento se creó una comisión de seguimiento del acuerdo para edificar el centro, aunque tras reunirse esta comisión en varias ocasiones «ha aparecido un segundo intento para reclamar la cuantía».
En este escenario, después del análisis realizado por los servicios jurídicos municipales «para evitar devolver este dinero», se ha resuelto acudir a la vía judicial, con los votos favorables del PP, el PSOE y PA, mientras que los representantes en el Consistorio de IU y UPyD se han abstenido en la votación.
El alcalde, Fernando Fernández (PP), explicó ayer que el edificio se encuentra tan sólo en su estructura y que habría que realizar una fuerte inversión de 476.000 euros para terminarlo y desarrollar urbanísticamente esta zona del municipio. Por ello espera que le den la razón al ente local en el Contencioso-administrativo y ha pedido a la Junta que se comprometa «ante la futura concertación de las plazas».
