El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha exigido medidas judiciales inmediatas debido a la incidencia del nuevo centro penitenciario de Málaga II, ubicado en el partido judicial de Archidona, que hace urgente dar respuesta a la situación generada en el 2018 desde su puesta en funcionamiento.
Según recoge el alto tribunal andaluz en su última memoria anual, a la que ha tenido acceso Efe, la puesta en funcionamiento de la cárcel de Archidona ha provocado que se triplique el volumen de exhortos en dicho partido judicial. El TSJA advierte de que las distorsiones y posibles retrasos serán «evidentes», habida cuenta de que la guardia de ese juzgado «es de disponibilidad, no de permanencia».
Para este tribunal, la situación es «grave y exige medidas inmediatas», ya sea la creación de una oficina judicial delegada dentro del propio centro penitenciario, como existe en otros territorios, o la atribución por el Consejo General del Poder Judicial de dicho cometido al partido judicial de Málaga, como ya ocurre con el Centro Penitenciario Málaga I.
También sugiere que se modifique el sistema de guardia en el Juzgado de Archidona, de disponibilidad por el de guardia permanente, con la consiguiente habilitación presupuestaria y dotación de medios, unido a la necesaria ampliación de la plantilla de dicho juzgado con carácter inmediato.
La memoria señala que actualmente existen en el ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía doce Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
En la ciudad autónoma de Melilla no se ha constituido un juzgado exclusivo en esta materia y las funciones de Vigilancia Penitenciaria son asignadas por el CGPJ a uno de los magistrados destinados en la ciudad.
En los centros penitenciarios de Andalucía, Ceuta y Melilla, había un total de 14.314 internos a final de 2018. Con respecto a los registros, el mayor ingreso de asuntos tuvo lugar en Sevilla, El Puerto de Santa María (Cádiz) y Málaga.
El módulo de entrada referencial para los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria se establece en 5.240 expedientes por órgano y año, que fue sobrepasada ligeramente en Huelva, Málaga y Sevilla.
Estos juzgados ingresaron en 2018 un total de 53.774 asuntos, un 1 % más que en 2017, y resolvieron 52.656 asuntos, un 1% menos que el año anterior.
La mayoría de los asuntos correspondió a permisos de salida (31%), seguido de trabajos en beneficio de la comunidad (18%) y medidas coercitivas (8%). Los recursos contra sanciones disciplinarias y libertad condicional alcanzaron el 6 por ciento cada uno.
De los permisos de salida solicitados, el 56 por ciento fueron a petición del centro penitenciario y de las 3.177 solicitudes de libertad condicional, el 6 por ciento era anticipada. Con respecto a los registros, el mayor ingreso de asuntos ha tenido lugar en Sevilla, El Puerto de Santa María y Málaga.
Por otro lado, la memoria del alto tribunal andaluz destaca la escasa carga de trabajo, año tras año, en la ciudad autónoma de Ceuta para optimizar un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria con carácter único y especializado, y ve razonable que otro magistrado comparta y asuma las funciones de Vigilancia Penitenciaria para la transformación de ese órgano judicial en otro de la jurisdicción mixta.
