Teresa Sánchez (IU) fue proclamada ayer alcaldesa de Alhaurín el Grande en el pleno celebrado con el fin de retomar la moción de censura presentada contra el equipo de gobierno de Por Alhaurín, encabezado por Antonia Ledesma. Una iniciativa que el equipo de gobierno paralizó el 25 de enero de 2017.

Tras jurar el cargo como alcaldesa, Sánchez celebró que «la legalidad y los valores democráticos vuelvan al Ayuntamiento». Además, agregó que va a «seguir trabajando durante estos 15 días por este Ayuntamiento como lo hemos venido haciendo desde la oposición».

«Queremos trasladar la tranquilidad de que este Ayuntamiento va a seguir funcionando y vamos a seguir trabajando por el pueblo con el respeto y diálogo que nos ha caracterizado», aseguró la recién nombrada alcaldesa, a la vez que apuntó que tiende «la mano a los grupos municipales para que la concordia, la normalidad y el respeto sean las señas de identidad» del Consistorio.

Durante la celebración del pleno, la exalcaldesa Antonia Ledesma explicó que «las personas de centro pueden llegar a entender que IU apoye a PSOE», pero calificó como «difícil de entender» que PSOE apoye a IU y Podemos para que «el comunismo llegue a la Alcaldía de Alhaurín».

Esta sesión plenaria se celebró pocos días antes de las elecciones locales del 26 de mayo y tras un procedimiento judicial, que ha llevado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Málaga y que se inició a raíz de que no se llegara a votar ni debatir la moción de censura por el desacuerdo entre los partidos sobre la Mesa de Edad.

Dicho juzgado dictó en octubre del pasado año una sentencia en la que estimó el recurso presentado por los partidos de la oposición y firmantes de la moción -PSOE, IU, Alternativa Socialista (Asalh) y una edil no adscrita (exintegrante del PP)- contra el acto de levantar la sesión plenaria, acordando la resolución judicial que dicha iniciativa se votara.

En dicha sentencia, se consideró que la Mesa de Edad y, sobre todo, el concejal Francisco Guerrero «no debió interrumpir ni mucho menos dar por finalizado el pleno», apuntando que con esa decisión «se vulneró el derecho fundamental contenido en el artículo 23 de la Constitución», invocado por los miembros de la oposición en su recurso y en su demanda.

El equipo de gobierno recurrió esta sentencia, pero, paralelamente, en marzo de este año, el juzgado acordó la ejecución de la misma con carácter provisional -toda vez que la resolución no es firme aún- tras solicitarlo los partidos de la oposición.

Así, el juez dio un plazo para fijar el pleno, que se convocó para el día 11 de mayo. Aunque los partidos firmantes de la moción han intentado que el juzgado adelantara la celebración de la sesión plenaria, al considerar que era solo unos días antes de las elecciones, el juez decidió que «procedía mantener dicha fecha».