La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía levantó ayer de manera parcial las medidas cautelares adoptadas contra la empresa Incarybe de Benaoján, tras la alerta sanitaria por listeriosis declarada el pasado 12 de septiembre.
La Junta ha autorizado «la puesta en marcha de las líneas correspondientes a almacenamiento y distribución polivalente, secado de jamones y salado y secado de carne y derivados cárnicos», según la resolución firmada por el delegado de Salud, Carlos Bautista.
Los productos sobre los que se han levantado las medidas cautelares se producen en circuitos diferenciados físicamente de los chicharrones y de la carne mechá, sobre los que se mantienen las medidas cautelares, informado la Junta en un comunicado.
La decisión se produce después de que los análisis de la Junta hayan confirmado que los productos cuya comercialización se autoriza no están contaminados por listeria, como sí están los chicharrones que causaron la alerta, que se producen en el mismo circuito de fabricación que la carne mechá, razón por la cual se mantienen las medidas cautelares sobre estos productos.
Magrudis
Por otra parte, ayer se conoció que un laboratorio de Sevilla ya advirtió a la empresa Magrudis el 22 de febrero que una muestra de su carne mechá había dado positivo por listeria, meses antes de la alerta sanitaria decretada por la Junta de Andalucía el pasado 15 agosto, que ya ha provocado 226 afectados y tres fallecimientos, mientras se investigan 57 probables y 81 sospechosos en otras comunidades autónomas.
Magrudis envió dos muestras a Laboratorios Microal el 18 de febrero y cuatro días más tarde recibió el resultado de las pruebas, que dieron positivo en un caso y negativo en otro, según el gerente del laboratorio, Mariano Barroso.
El laboratorio informó a la empresa de la existencia de listeria pero no de cuánta cantidad había pues para ello sería necesario otra analítica que Magrudis no encargó.
Así consta en el informe que el grupo Laboratorios Microal ha remitido al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que indaga las consecuencias penales del brote epidémico. Precisamente, ayer se presentaron dos nuevas querellas contra Magrudis ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, querella que se extiende contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla por responsabilidad civil subsidiaria.
El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, afirmó ayer que a Magrudis «no le correspondía el nivel de autoprotección alimentaria» del que gozaba y acusó al alcalde de la ciudad, Juan Espadas de ser responsable de esta situación «por su falta de acción en materia de protección alimentaria y de protección de la salud».
Beltrán Pérez acusó a Magrudis de fraude alimentario y denunció que comenzó a funcionar en 2013 sin autorización alguna; se dió de alta en 2015 en el registro autonómico de empresas alimentarias aunque sin licencia municipal y en diciembre de 2018 presentó una declaración responsable, revocada tras surgir el brote a cuenta de los múltiples defectos de la misma.
La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, exigió ayer a la Junta un apoyo potente y urgente al sector cárnico andaluz antes de la campaña de Navidad para reactivar el consumo de productos andaluces derivados del cerdo. Durante una reunión ayer con la alcaldesa de Benaoján, Soraya García, Susana Díaz pidió apoyo a la comercialización y distribución de estos productos, y exigió la readmisión de los trabajadores despedidos y que no se produzcan más despidos.
